RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, LA. El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores

    El propósito primordial de este libro es proporcionar una visión global, actualizada y exhaustiva de una institución jurídica que, a lo largo de la historia, ha recibido una atención ciertamente menor a la que, a nuestro juicio, justifica su relevancia.

    Una de las características más virtuosas del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores radica en la heterogeneidad de su estructura. Así, el elemento distintivo que predomina en este precepto estatuario es su capacidad de utilizar de manera instrumental diversas figuras jurídicas que, en otros contextos, constituyen un fin en sí mismas.

    La simple existencia de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo no resuelve de manera definitiva la controversia jurídica, la concurrencia de una falta de pago o retrasos continuados no se agota con la reclamación de cantidad al efecto y una vulneración de derechos fundamentales no desemboca, indefectiblemente, en un procedimiento de tutela de los mismos, sino que, cuando hablamos de extinción indemnizada, estas circunstancias representan únicamente un requisito preliminar para cumplir con las exigencias establecidas a la hora de recurrir al mecanismo de la extinción indemnizada.

    A la hora de entablar la acción del artículo 50.1 del Estatuto de los Trabajadores y solicitar al juzgador que extinga el contrato de trabajo con derecho al percibo de la indemnización equivalente al despido improcedente, deberán acatarse una serie de cuestiones procesales de indudable interés: modalidad procesal, plazo, necesidad de pervivencia de la relación laboral, excepciones a la regla general, posibilidad de resolución unilateral o adopción de medidas cautelares.

    Todas ellas serán analizadas desde el prisma del derecho interno y del Derecho Comparado, prestando especial interés a las diferencias existentes entre los sistemas de «civil law» y «common law» y a la reforma del precepto operada por la Disposición final vigesimosexta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.