ACCESO Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL. Conforme a la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público. (Incluye CD-Rom con jurisprudencia)

    Esta obra es un instrumento de ayuda a quienes involucrados en recursos humanas buscan soluciones a los problemas que suscita esta delicada parcela de la gestión pública. Junto al casuismo que caracteriza al autor en esta serie de estudios, se complementa con fundamentaciones jurídicas, bien para motivar resoluciones administrativas que se dicten, bien para iniciar la vía de recurso y posterior contencioso-administrativo ante los tribunales.

    Desde la 1ª edición en 2005, se han dictado numerosas normas que han modelado el acceso y la provisión. La obra recoge las previsiones de la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público, de conformidad a las Instrucciones de 5 de junio de 2007, dictadas por la Secretaría General de Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas. También el Real Decreto 255/2006, de 3 marzo, que Modifica el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estada y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarias de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995 y Resolución de 4 de diciembre de 2007 de la CECIR. La LO 3/2007, de 22 marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley Orgánica 1/2004, de 28 diciembre 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y LO 14/2003 de reforma de la LO 8/2000 y LO 4/2000, que Regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El estudio recoge la Convención de NNUU sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 diciembre 2006, ratificada por Instrumento de 23 noviembre 2007(BOE abril 2008) y su Protocolo Facultativo.

    Tanta el acceso a la Administración Pública como su provisión constituyen actos relevantes para los aspirantes, en un caso, y para los empleados públicos, en otro. La defensa de la transparencia administrativa en el acceso, así como la aplicación de los principias de igualdad, mérito, publicidad y capacidad en la segunda, fraguan la solidez de un Estado de Derecho.

    Pero también, en lo que refiere a la provisión de puestos, confluyen otros intereses loables de la organización pública, como son la buena llevanza del servicio y la potestad de autoorganización que obligan a adoptar medidas que afectan a los empleados. Estas decisiones deberán ejecutarse conforme a los valores de la Nueva Gestión Pública que suponen, siempre, un difícil equilibrio entre las exigencias directivas y los derechos del empleada público, en donde el capital humano se yergue como elemento infungible valioso, más allá de los grupos y grados que se posean.