DEFENSA DEL MÉRITO FRENTE A LA ARBITRARIEDAD Y LA DESVIACIÓN DE PODER EN EL EMPLEO PÚBLICO, LA.

    El objeto de este trabajo es el estudio de las potestades administrativas asociadas al empleo público y de autoorganización interna de la Administración, en concreto las potestades relacionadas con el acceso a la función pública, provisión de puestos durante la carrera, ceses, traslados y retribución económica de empleados públicos para identificar posibles debilidades del sistema legal actual asociadas a las potestades discrecionales, y en su caso, si el alcance de esa discrecionalidad pueda favorecer un riesgo excesivo de no cumplir su función de servicio al interés general y abrir paso a conductas que releguen el mérito, proponer reformas de mejora legislativa que ayuden a limitar o acotar la discrecionalidad en el ejercicio de estas potestades y puedan proporcionar una mayor garantía del principio de mérito y capacidad. Transcurrida casi una década de la entrada en vigor del EBEP, hay que reconocer que se han producido avances importantes en materia de derechos de los empleados públicos, pero algunos aspectos como las incompatibilidades o la garantía del mérito en algunas potestades discrecionales presentan posibilidades de mejora.

    La limitación y control de la discrecionalidad ha sido, en palabras de García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, el caballo de Troya del derecho administrativo. El presente trabajo persigue un doble objetivo: En primer lugar, analizar posibles límites eficaces a esa discrecionalidad, proponiendo mejoras de reforma legislativa en favor de mayor objetividad y transparencia en el ejercicio de estas potestades que sirva de prevención de la arbitrariedad, teniendo especial consideración al papel que juegan la transformación digital y la inteligencia artificial aplicada a la gestión de los recursos humanos, en esa necesaria objetividad de los juicios de valor realizados en el ejercicio de potestades discrecionales.

    Y, en segundo lugar, ofrecer algunas medidas de reforma legislativa que sirvan para robustecer la tutela jurisdiccional en la lucha contra posibles situaciones de abuso ya declaradas.