TUTELA JUDICIAL DEL CRÉDITO EN LA UNIÓN EUROPEA. (Colección: «Derecho procesal civil Europeo» Vol. III)

    Esta obra forma parte del Derecho Procesal Civil Europeo, que bajo la dirección del profesor De la Oliva comprende el análisis riguroso y pormenorizado de todos los Reglamentos comunitarios y Directivas sobre el proceso civil y sus implicaciones en el sistema procesal español.

    Bajo la coordinación de los Profesores Senés y Vegas, este volumen III aborda el estudio de los Reglamentos comunitarios sobre el título ejecutivo europeo, los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, y los procedimientos de insolvencia. En particular, la obra se hace eco de las reformas procesales en ciernes para facilitar la aplicación en España de los nuevos procesos europeos (monitorio y escasa cuantía). Incluye también oportunas referencias jurisprudenciales, tanto del Tribunal de Justicia de (a Unión Europea como de los tribunales españoles en su condición de jueces comunitarios.

    Además, los respectivos capítulos van acompañados de notas de Derecho extranjero (francés e italiano) a cargo de profesores de prestigiosas universidades europeas.

    Dirigida a estudiosos del Derecho procesal comunitario y a los operadores jurídicos en general (jueces, fiscales, abogados, procuradores), el estilo de la obra es directo y claro, sin renuncia al rigor científico ni ocultación de los problemas que conlleva la aplicación de los nuevos instrumentos procesales para la tutela del crédito.

    Para facilitar el estudio y comprensión de los Reglamentos, la obra aparece redactada en doble texto: uno principal, centrado en el contenido reglamentario, y otro secundario, que contrasta la aplicación en España de las normas comunitarias y la interpretación de las normas procesales internas a luz de las exigencias comunitarias.   

    El carácter integral del Derecho Procesal Civil Europeo y su rigor científico erigen esta obra en referente obligado de los estudios de Derecho procesal y de Derecho comunitario. No en vano, la obra cuenta con el aval de la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad) y de reconocidas instituciones internas.