La posibilidad estatal de almacenar
información genética plantea importantes retos para las ciencias penales, pues
las bases de datos de ADN agudizan la tensión entre los principios de libertad,
seguridad e igualdad. Lo anterior se acentúa especialmente cuando los Estados
tratan de conservar identificadores genéticos de las personas que han sido
detenidas policialmente sin habérseles formulado cargos judiciales, o de las que
han sido absueltas de toda responsabilidad penal. Esta cuestión ha sido
analizada, entre otros, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte
Suprema de Estados Unidos y, en ambos casos, han alcanzado conclusiones
distintas.
En esta obra se analiza jurídicamente la conservación estatal
de perfiles genéticos con fines forenses y se pretende definir un modelo de
registro equitativo que garantice los derechos fundamentales. Por último, el
texto analiza las distintas legislaciones relativas al almacenamiento de
información genética en España, en especial, la reforma del año 2015 al artículo
129 Bis del Código Penal, que estableció la obligación para las personas
condenadas por delitos graves de ceder información genética al Estado con el fin
de ser insertadas en bases de datos policiales, y ubicó sistemáticamente esa
clase de medidas en las consecuencias accesorias a un delito.
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