REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO DE 2010, LA.

    La presente obra responde al escueto título de la reforma del mercado de trabajo de 2010. Trata de examinar los escenarios en los que el legislador ha ubicado sus intereses más inmediatos, indagar sobre la dimensión y profundidad en que se han dado forma a los mismos y averiguar las consecuencias jurídicas y sociales que todo ello comporta. La reforma del 2010 tiene como característica fundamental, e inédita en la historiografía de Derecho del Trabajo español, el no cerrarse en sí misma, en no articularse con el objetivo de tener una vigencia temporal más o menos dilatada, sino formulada para constituirse en palanca o paso previo de ulteriores acciones. Y es que el perímetro de la reforma no está cerrado. La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, forma parte de una secuencia de iniciativas, algunas citadas en el propio texto de la Ley, otras subrayadas en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, mero eslabón de una cadena a la que cabrá añadir las aún no iniciadas o cerradas, que probablemente se sucederá en el tiempo. Consecuentemente no estamos ante el acto reformador único, ni en presencia del último de la serie.

    Testigos fidedignos de lo indicado son las ventidós disposiciones adicionales existentes en la Ley, algunas de ellas dirigidas a la verificación de los distintos efectos que puedan producirse en el tejido social, como es el caso de las bonificaciones a la contratación, el empleo de los jóvenes y de las personas desempleadas, la siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, o la gestión de la Incapacidad temporal. Junto a ello se añaden reglas y disposiciones dirigidas a la gestión, administración y tratamiento de un heterogéneo núcleo de cuestiones, caso de la formación teórica en los contratos para la formación así como los contratos para la formación en los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, planes de formación profesional específicos para jóvenes y personas desempleadas, implantación del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional. De igual forma se contemplan referencias a las políticas activas de empleo y prestaciones por desempleo y plan de recolocación del sector de la construcción, formación profesional en el trabajo, inspección de trabajo y seguridad social, servicios públicos de empleo, faltas de asistencia al trabajo e igualdad entre mijeres y hombres en el trabajo y la modifación de la Ley de Infracciones y Sanciones el Orden Social sobre destino de donaciones y acciones de patrocinio en relación con la reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad.