Desde que se aprueba la
Constitución en 1978, Estado y Comunidades Autónomas comparten protagonismo en
la conformación de un sistema de protección social. Como es sabido, el Estado
tiene competencia exclusiva en el ámbito de la Seguridad Social y las
Comunidades Autónomas en materia de sanidad y asistencia social. En un contexto
de crisis económica, las Comunidades Autónomas afrontan su déficit público
reduciendo gastos o incrementando ingresos. Con una consecuencia directa: la
inversión en protección social se resiente, constatándose esa gran paradoja que
obliga a reducir recursos cuando las necesidades aumentan.
En esta obra se aborda este
debate de actualidad con una perspectiva multidisciplinar, plural y global, sin
eludir el análisis de temas y propuestas. Se exponen, así, aspectos como el
alcance y contenido de la protección social, la realidad socioeconómica en la
que se desarrolla, la delimitación competencial, la participación privada en la
financiación de servicios públicos, la conversión de políticas de empleo pasivas
en activas, las deficiencias de coordinación y colaboración interterritorial, la
posibilidad de revertir al Estado competencias de las Comunidades, las garantías
de igualdad prestacional en la diversidad autonómica, etc. Y todo ello en el
seno de la Cátedra Cantabria 2011, actividad desarrollada conjuntamente por el
Parlamento de Cantabria y la Universidad de Cantabria en su afán por compendiar
el conocimiento académico con la inquietud social.
