El orden público comunitario está
integrado por los principios esenciales de la Unión Europea y tiene carácter
imperativo. Es un concepto que debe ser integrado por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en estos momentos ha declarado que
forman parte del mismo la protección del consumidor y la defensa de la
competencia. El contenido inicial se ha ampliado con la aprobación de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los principios relativos a la
libre circulación, no discriminación y medio ambiente.
Las normas que lo integran, en su condición de Derecho de la
Unión, deben ser aplicadas por los Tribunales nacionales de conformidad con las
normas procesales internas y de conformidad con los principios de equivalencia y
de efectividad.
En ocasiones, las leyes procesales no lo permiten y cuando se
ha sometido la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado
la inaplicación de normas procesales nacionales cuando es contraria a una norma
que integra los principios esenciales de la Unión Europea.
En esta monografía se analiza el concepto de orden público
comunitario y la incidencia que tiene en el proceso español. Concretamente la
aplicación de oficio, la congruencia, la preclusión, la actividad probatoria de
oficio, la carga de la prueba, la adopción de medidas cautelares de oficio, la
congruencia de las sentencias y la cosa juzgada. A continuación, se desarrollan
los mecanismos procesales que pueden ser utilizados para denunciar la
vulneración de una norma de orden público comunitario.
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