PRÁCTICA DE LA IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS Y DISPOSICIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

    La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPA, en lo sucesivo), dedica el contenido de su Título VII a la "revisión de los actos en vía administrativa", regulando en su Capítulo I la llamada "revisión de oficio" y en su Capítulo II los "recursos administrativos", objeto éstos de nuestra específica consideración.

    La Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la LPA, ha introducido importantes novedades en la regulación de los recursos administrativos, fundamentalmente, el restablecimiento de la existencia del recurso de reposición, si bien con carácter potestativo y esencialmente aplicable en el ámbito de la Administración local; la recuperación del recurso de alzada, y el establecimiento de un trámite previo de inadmisión del recurso extraordinario de revisión.

    El acto administrativo que se produce una vez culminado el prcedimiento correspondiente puede afectar a los administrados en su persona o en su patrimonio, por lo que se hace necesario establecer medios de actuación y reacción frente a dichos actos administrativos cuando pueden estar viciados de ilegalidad.