NUEVA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO, LA.

    La crisis económica de 2007 descubrió las precariedades de nuestra veterana legislación hipotecaria.

    Hasta entonces resultaba inédita la situación en que el importe de la deuda hipotecaria de un consumidor pudiera resultar tan elevado que la vinculación de factores como el valor del inmueble hipotecado y la manifestada deficiente regulación del cauce ejecutivo activaran la responsabilidad patrimonial universal del deudor hipotecario, ubicándolo en la situación de perder, además de su vivienda, el resto de su patrimonio, pudiendo llegar incluso a quedar excluido indefinidamente del tráfico jurídico.

    Por su parte, la legislación y la jurisprudencia de la Unión Europea impulsaban en nuestro país numerosas reformas legales haciendo reaccionar al Tribunal Supremo, siempre en la línea de demandar mayor transparencia e información para los consumidores y de denunciar la existencia de cláusulas abusivas y las carencias del procedimiento de ejecución. La necesidad de una nueva regulación legal resultaba inaplazable.

    La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de Crédito Inmobiliario, vigente desde el 16 de junio de 2019, transpuso parcialmente la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014.

    Sin duda, su entrada en vigor ha supuesto un esencial refuerzo de la protección jurídica de quienes acceden a un crédito con el propósito de adquirir una vivienda, además de un factor que acentúa la transparencia en beneficio de la información y garantías de los consumidores, al reducir costes y vigorizar los derechos de los deudores hipotecarios.

    La perspectiva que ofrece el año de su vigencia permite una primera ponderación de su eficacia. A la revisión de concretos aspectos escogidos de su regulación se dedica esta obra colectiva.

---