LIBRE CIRCULACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL EN LA UE. Implicaciones jurídicas y traductoras del Reglamento (UE) 2016/1191.

    El presente estudio atiende a una cuestión de innegable actualidad cuyo trasfondo es un incremento exponencial del tráfico de personas intra-UE y que en el estadio actual del proceso de integración alcanza a materias ubicadas en la soberanía nacional –como es el estado civil–. Estamos ante un trabajo que se centra en la persona y en la libre movilidad vista en su integridad. Por una parte, el ciudadano de la UE, que disfruta de una movilidad de su parte física aspira que en el actual Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia le sea reconocida una determinada identidad personal, así como unos vínculos familiares con independencia del derecho material y conflictual de referencia.

    La persona con un vínculo propio con la UE, y sobre la base de un status civitatis europeo que se redimensiona, se conforma paulatinamente en un sujeto de derecho que circula en “cuerpo y alma”, con su parte física y también inmaterial. Por otro lado, el propio desplazamiento interfronterizo es analizado de manera integral. Desde una época temprana los nacionales de los Estados miembros tienen un derecho reconocido a circular y residir libremente en otros territorios distintos al propio, pudiéndonos remontar al Tratado CEE. Cuando se trata de posibilitar un ejercicio efectivo de tal movilidad es preciso la eliminación de todo tipo de obstáculos públicos y privados en el cruce transfronterizo, entre los que se encuentran las barreras de tipo administrativas –y también las lingüísticas–.

    El Reglamento (UE) 1216/1191 nace con el objetivo de remover una de las principales dificultades con las que se enfrentan los ciudadanos de la UE al trasladarse de un Estado miembro a otro como es la necesidad de hacer valer documentos públicos básicos en cuanto a su identificación personal y familiar (tales como certificados de nacimiento o matrimonio, entre una larga lista), y que hasta su entrada en vigor precisaban de su legalización o apostilla, y en muchos casos su traducción oficial. Con un sistema de impresos multilingües incorporado, el Reglamento (UE) 1216/1191 facilita la libre circulación de documentos públicos en materia civil y, con ello, una libre movilidad del ciudadano.

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