JUEZ EN EL COLEGIO, EL. ¿Hasta dónde ampara la ley a profesores y alumnos?

    Este libro proyecta su ámbito de estudio en todas aquellas conductas lesivas, que se manifiestan en el día a día de los centros docentes:

− hechos dañosos que se originan en la vida académica;

− casos de violencia que ejercen alumnos contra otros compañeros de su centro educativo;

− agresiones graves que sufren profesores, en el ejercicio de sus funciones, por parte de padres, alumnos o terceros.

    El planteamiento expositivo empleado en el desarrollo del libro combina dos partes, claramente diferenciadas, si bien complementarias. En la primera de ellas, se describen y examinan tanto las múltiples situaciones, conductas o circunstancias de la vida escolar que actúan como desencadenantes de los accidentes, como las personas (físicas o jurídicas) potencialmente responsables, así como las pautas procesales seguidas.

    En la segunda parte del libro, se recoge una gran variedad de casos prácticos (más de cien, en formato de fichas) que, con toda seguridad, encuentran similitud con los que cada uno de nosotros conocemos, hemos presenciado o vivido. Se pretende que los comentarios y soluciones que se dan a cada uno de ellos puedan servirnos para prever o resolver situaciones derivadas de hechos luctuosos y accidentes que pudieran surgir en la vida escolar.

    Y en todo el recorrido, en todas y cada una de las páginas, el protagonista central es el juez, que entra en cualquier colegio, juzga responsabilidades y, en ocasiones, ofrece recomendaciones útiles. En este sentido puede definirse este libro como un MANUAL PRÁCTICO con respuestas concretas y cotidianas.

    Se ha de recalcar que este trabajo no se ofrece, porque no lo pretende, como una obra esencialmente jurídica, dado que sus destinatarios, inicialmente, son los profesores, padres de alumnos y titulares de centros educativos. De ahí que tanto el lenguaje empleado como los aspectos que se destacan pretendan ser los adecuados para ellos. Ese es el objetivo primordial. No obstante, el rigor jurídico exigible queda garantizado.