INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO DEL EJECUTADO, LA.

Autor:
SBERT PÉREZ, H.
Editorial:
Atelier
Páginas:
529
Edición:
1
Fecha de publicación:
16/02/2009
ISBN:
9788496758810
El precio original era: 55,00€.El precio actual es: 52,25€.
Entrega en 48/72 horas

    Este libro contiene un análisis sistemático y exhaustivo sobre el conjunto de actividades que ofrece la ley para investigar el patrimonio de la persona sujeta a un proceso de ejecución, según la nueva regulación de la materia contenida en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

    Con la mira siempre puesta en sacar el máximo jugo de los mecanismos legales, la obra examina la investigación del ejecutante y la investigación judicial, así como la novedosa institución de la manifestación de bienes del ejecutado, de nuevo cuño en nuestro proceso civil.

    El análisis se adentra asimismo en las relaciones entre la investigación patrimonial y el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales del ejecutado, y en el examen de aquellos obstáculos que tradicionalmente han impedido una investigación patrimonial amplia y sin limitaciones injustificadas, también en lo relativo a la colaboración de terceros y de la Agencia tributaria.

    Se contempla la rica casuistica de la materia para asegurar que cada una de las soluciones y planteamientos propuestos puedan ser útiles y eficaces en la realidad del foro.

 


CAPÍTULO I

LA EJECUCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL

1. Introducción

2. La ejecución y la eficacia del juicio

3. La investigación patrimonial y la eficacia de la ejecución
        3.1 Carácter jurisdiccional y patrimonial de la ejecución
    3.2 Pluralidad de medios, sujetos y fuentes de investigación

4. Contenido de la investigación patrimonial
    4.1 Cuestión terminológica
        4.1.1 «Investigación» y «localización»
        4.1.2 «Investigación» y «elección» o «selección»
    4.2 Noción de investigación patrimonial
    4.3 Transparencia patrimonial: objeto y límites de la investigación
    4.4 Actos que la integran
        4.4.1 Son actos ejecutivos
        4.4.2 Para concretar el objeto del embargo
        4.4.3 ¿Cuánta investigación antes del embargo?
    4.5 Investigación patrimonial y estructura del embargo
    4.6 Investigación patrimonial y prohibición de embargos genéricos
    4.7 Órdenes genéricas de investigación con carácter indefinido

5. Investigación patrimonial y tutela efectiva

    5.1 Consecuencias para el legislador
    5.2 Consecuencias para los tribunales

6. Evolución legislativa
    6.1 Ley de Enjuiciamiento Civil
        6.1.1 Ley de 1881
        6.1.2 Ley 34/1984
        6.1.3 Leyes 51/1997 y 66/1997
        6.1.4 Ley 1/2000: presentación general y primera evaluación de conjunto
    6.2 Ley de Procedimiento Laboral
    6.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal
    6.4 La necesidad de una regulación homogénea de la investigación patrimonial
        en todos los órdenes jurisdiccionales
    6.5 Breve referencia al Derecho comunitario: los intentos de alcanzar una
        normativa europea homogénea en materia de investigación patrimonial

 

CAPÍTULO II

DERECHO COMPARADO

1. Introducción. Diversidad de modelos, pluralidad de soluciones

2. Derecho francés: el papel del Huissier de justice y del Procureur de la République
    2.1 El estatus jurídico del huissier de justice
    2.2 La colaboración entre el huissier de justice y el Procureur de la République
        en la Loi nº 91-650 de 9 de julio de 1991
    2.3 La potenciación de los poderes del huissier de justice en la Loi n 2004-130
        de 11 de febrero de 2004
    2.4 Diferencias con el Derecho español

3. La manifestación de bienes en el derecho alemán: la Eidesstattliche Versicherung
    3.1 Alternativas no coercitivas en el derecho alemán: la Befragung
    3.2 La regulación en la ZPO
    3.3 Diferencias con el Derecho español
    3.4 Valoración global de la eidesstattliche Versicherung

4. Breve referencia al derecho inglés: la Mareva Injunction

5. Modalidades no coercitivas de colaboración del ejecutado en el derecho comparado
    5.1 Derecho francés
    5.2 Derecho brasileño
    5.3 Derecho argentino

6. Derecho sueco: el Servicio Público de Ejecución Forzosa
    6.1 Descripción del sistema
    6.2 Diferencias con el Derecho español

 

CAPÍTULO III

LA INVESTIGACIÓN DEL EJECUTANTE

1. Introducción
    1.1 Evolución histórica y situación en la Ley 1/2000
    1.2 El objeto y las fuentes de investigación

2. Caracteres generales
    2.1 Medio privado de investigación
    2.2 Relaciones con la investigación judicial y la manifestación de bienes
        2.2.1 Relaciones con la investigación judicial
        2.2.2 Relaciones con la manifestación de bienes
    2.3 Procesal o extraprocesal
    2.4 Limitada por definición

3. La investigación del domicilio
    3.1 La necesidad de investigar el domicilio
    3.2 Concepto de domicilio
    3.3 Personas físicas
        3.3.1 Personas físicas. Relevancia de la normativa sobre protección
            de datos personales
        3.3.2 El padrón municipal
        3.3.3 El censo electoral y el censo promocional
        3.3.4 El Instituto Nacional de Estadística
        3.3.5 La Agencia Tributaria y la Seguridad Social
        3.3.6 Los Registros Públicos
            3.3.6.1 El Protocolo con la Agencia Española de Protección de Datos y las

                Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
            3.3.6.2 Opiniones doctrinales: ¿se encuentra el domicilio registral prote-

                gido por el derecho a la intimidad?
            3.3.6.3 La cuestión en el Reglamento Hipotecario
            3.3.6.4 La práctica registral
        3.3.7 Repertorios telefónicos
        3.3.8 Repertorios profesionales
    3.4 Personas jurídicas
    3.5 Conclusiones sobre la investigación del domicilio

4. El activo
    4.1 Organismos y Registros públicos
        4.1.1 Concepto

        4.1.2 El conflicto entre la publicidad registral y la privacidad de los datos
            personales
        4.1.3 El control del «interés legítimo» y las finalidades registrales
        4.1.4 El control del solicitante de la información registral
        4.1.5 El control de la información proporcionada
        4.1.6 Las mejoras en el acceso registral producidas por la Ley 24/2005,
            de 18 de noviembre, de reformas para el impulso de la productividad.
    4.2 Registros administrativos: el caso del Registro General de Vehículos.
        La situación peculiar del Registro de Bienes Muebles
    4.3 Requerimientos a terceros
        4.3.1 La situación de lege data
        4.3.2 Confidencialidad de la información patrimonial en poder de terceros.
            Fundamento
        4.3.3 Sobre la posibilidad, de lege ferenda, de conceder al ejecutante, pro-

            visto de un título ejecutivo o de un Auto despachando ejecución, la facul-

            tad de dirigir requerimientos a terceros
    4.4 Informes comerciales
        4.4.1 Concepto y contenido
        4.4.2 ¿Son lícitos?
        4.4.3 La actuación de las empresas de información comercial
    4.5 Detectives privados

5. El pasivo
    5.1 Cuentas anuales
    5.2 Cargas reales
    5.3 Registros de solvencia patrimonial y crédito
        5.3.1 Concepto y fundamento
        5.3.2 Régimen jurídico: fuentes
        5.3.3 Registros cuyos datos procedan de fuentes accesibles al público o

            hayan sido facilitados por el propio interesado o con su consentimiento

            (art. 29.1 LOPD)
        5.3.4 Registros sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dine-

            rarias
        5.3.5 Registros de solvencia y Derecho de la competencia
        5.3.6 Posible función coercitiva indirecta: ¿pueden los registros de solvencia

            promover el cumplimiento de los títulos ejecutivos?
        5.3.7 Registros de solvencia de titularidad pública en el Derecho español

6. El coste de la investigación
    6.1 La investigación procesal
        6.1.1 Las costas de la investigación patrimonial en general
        6.1.2 Las costas de la investigación procesal del ejecutante
    6.2 La investigación extraprocesal

 

CAPÍTULO IV

LA MANIFESTACIÓN DE BIENES DEL EJECUTADO

1. Precedentes legislativos
    1.1 Las Leyes de Contrabando y Defraudación
    1.2 Las Leyes de Procedimiento Laboral
    1.3 La situación en el proceso civil: el largo camino hacia la Ley 1/2000

2. Antecedentes legislativos: la tramitación parlamentaria del art. 589 LEC
    2.1 El texto remitido por el Gobierno
    2.2 Las enmiendas y su justificación
            2.2.1 Enmienda nº 509
    2.2.2 Enmienda nº 974
        2.2.3 Enmienda nº 1.299
        2.2.4 El Informe de la Ponencia, el Dictamen de la Comisión y el texto
            aprobado por el pleno del Congreso

3. Definición

4. Práctica
    4.1 Presupuestos
        4.1.1 Despacho de la ejecución
            4.1.1.1 Ejecución dineraria
            4.1.1.2 Ejecución no dineraria
            4.1.1.3 Medidas cautelares: embargo preventivo
        4.1.2 Requerimiento de oficio
        4.1.3 Que el ejecutante no haya designado bienes cuyo embargo estime
            suficiente para el fin de la ejecución
            4.1.3.1 Si el ejecutante no designa bien alguno
            4.1.3.2 Si el ejecutante designa bienes insuficientes
            4.1.3.3 Si el ejecutante designa bienes suficientes
    4.2 Ámbito subjetivo
        4.2.1 Persona física con plena capacidad procesal
        4.2.2 Persona física sin capacidad procesal
        4.2.3 Personas jurídicas
            4.2.3.1 Sociedades mercantiles
            4.2.3.2 Sociedades civiles
            4.2.3.3 Fundaciones
            4.2.3.4 Sociedades cooperativas
            4.2.3.5 Asociaciones
        4.2.4 Masas patrimoniales sin personalidad jurídica
        4.2.5 Otras entidades sin personalidad jurídica
        4.2.6 Pluralidad de ejecutados: ejecutados solidarios, ejecutados manco-

            munados
        4.2.7 ¿Quién responde del apremio económico?
        4.2.8 El responsable de las «sanciones»
    4.3 Momento, forma y plazo del requerimiento y de la manifestación de bienes
        4.3.1 Del requerimiento

            4.3.1.1 Forma de la resolución que contiene el requerimiento
            4.3.1.2 Notificación del requerimiento de manifestación: ¿personal o a

                través de Procurador?
            4.3.1.3 Contenido del requerimiento de manifestación
            4.3.1.4 Recursos contra el requerimiento de manifestación
        4.3.2 De la manifestación
            4.3.2.1 Plazo
            4.3.2.2 Forma
    4.4 Cumplimiento del requerimiento
        4.4.1 ¿Bienes suficientes o todo el patrimonio?
        4.4.2 Cargas y gravámenes
        4.4.3 El contenido de la manifestación: el problema de la verificación de su

            veracidad
    4.5 Incumplimiento del requerimiento
        4.5.1 Incumplimiento por omisión: no responder al requerimiento
        4.5.2 Incumplimiento por acción: la falsedad de la manifestación
            4.5.2.1 Manifestar bienes ajenos
            4.5.2.2 Excluir bienes propios
            4.5.2.3 No desvelar cargas y gravámenes
            4.5.2.4 Otras formas «sutiles» de incumplir o burlar el requerimiento
            4.5.2.5 La reacción ante incumplimiento del requerimiento: alternativas

                procesales de carácter ejecutivo

5. Apremios
    5.1 Ideas preliminares
    5.2 Rasgos necesarios de un régimen de apremios en la manifestación de

        bienes
    5.3 Los apremios en la manifestación de bienes no deben seguir el modelo
        de la astreinte, ni el de las «multas coercitivas» del art. 99 LRJPAC
    5.4 Las «multas coercitivas periódicas» (art. 589.3 LEC) o apremio económico
        5.4.1 Concepto
        5.4.2 Conveniencia del apremio económico como (único) método coercitivo

            del requerimiento de manifestación de bienes
        5.4.3 Terminología
        5.4.4 Régimen jurídico
            5.4.4.1 Casos en que procede su imposición
            5.4.4.2 Supuesta discrecionalidad de su imposición. ¿Audiencia del ejecu-

                tado?
            5.4.4.3 Discrecionalidad de su importe
            5.4.4.4 Carácter modificable
            5.4.4.5 Recursos contra la imposición / no imposición del apremio
            5.4.4.6 Destino
        5.4.5 Medidas coercitivas alternativas a las «multas»
            5.4.5.1 El arresto del ejecutado
            5.4.5.2 Publicidad registral

            5.4.5.3 Supresión del orden de prelación de bienes en el embargo
            5.4.5.4 Prohibiciones de disponer
            5.4.5.5 Concurso

6. Sanciones
    6.1 ¿Qué «sanciones» y dónde se encuentran?
    6.2 Caracteres
    6.3 Requisitos del delito de desobediencia grave
        6.3.1 La importancia de los aspectos formales del requerimiento
        6.3.2 ¿Es el principio de autoridad el fundamento de la manifestación de

            bienes? Conveniencia de lege ferenda de un tipo penal específico rela-

            tivo al incumplimiento del requerimiento de manifestación de bienes.

 

CAPÍTULO V

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y LA COLABORACIÓN DE TERCEROS

1. Introducción

2. Características de la investigación judicial

3. Evolución legislativa

4. Dificultades de la investigación judicial
    4.1 La actitud del legislador
    4.2 Diferencias entre órdenes jurisdiccionales
    4.3 Escaso desarrollo de la colaboración de terceros: el caso particular de la

        Hacienda Pública
    4.4 Dificultades materiales
    4.5 Incidencia de las insuficiencias de la investigación judicial en el conjunto
        de la investigación patrimonial

5. Régimen jurídico de la investigación judicial. Relaciones con los demás medios de investigación patrimonial.
    5.1 Relaciones con la investigación del ejecutante
        5.1.1 Régimen jurídico del art. 590 LEC
            5.1.1.1 A instancia de parte
            5.1.1.2 ¿Debe el ejecutante justificar la imposibilidad de designar bienes

                del ejecutado?
            5.1.1.3 La indicación de las razones por las que los terceros a requerir
                pueden disponer de información patrimonial
            5.1.1.4 La prohibición de que el tribunal investigue lo que el ejecutante

                pueda investigar por sí mismo o a través de su Procurador en organis-

                mos y registros
    5.2 Relaciones con la manifestación de bienes
    5.3 Forma de la resolución que acuerda la investigación judicial. Recursos.
    5.4 Costas de la investigación judicial

6. La colaboración de terceros (art. 591 LEC)
    6.1 Ubicación sistemática del art. 591 LEC
    6.2 Convenios de colaboración del CGPJ con otras entidades públicas
    6.3 Limites de la colaboración de terceros

        6.3.1 El derecho a la intimidad
            6.3.1.1 Introducción
            6.3.1.2 El estado de la cuestión en la doctrina procesal
            6.3.1.3 Intimidad: aproximación a su concepto y ámbito
            6.3.1.4 ¿Intimidad económica?
            6.3.1.5 Intimidad e investigación judicial
            6.3.1.6 La intimidad familiar
            6.3.1.7 Secreto profesional
            6.3.1.8 Secreto bancario
            6.3.1.9 Secreto fiscal
            6.3.1.10 Recapitulación: investigación judicial y derecho a la intimidad
        6.3.2 El derecho a la protección de datos

7. Práctica de los requerimientos a terceros
    7.1 Forma del requerimiento
    7.2 Notificación del requerimiento
    7.3 Contenido del requerimiento
    7.4 Alegaciones del tercero. ¿cabe recurso del tercero contra el requerimiento?
    7.5 Contestación al requerimiento
    7.6 La negativa a contestar: el apremio económico
        7.6.1 Terminología
        7.6.2 ¿Carácter discrecional?
        7.6.3 Imposición
            7.6.3.1 ¿Pieza separada?
            7.6.3.2 ¿Audiencia del tercero?
            7.6.3.3 Casos en que procede el apremio
            7.6.3.4 Cuantía
            7.6.3.5 ¿Quién responde del apremio?
            7.6.3.6 Posible modificación o anulación
            7.6.3.7 Destino
            7.6.3.8 Recursos
    7.7 Penas por desobediencia

CONCLUSIONES

JURISPRUDENCIA

INFORMES Y DOCUMENTOS OFICIALES

BIBLIOGRAFÍA

Categorías:

Relacionados

¿Quieres conocer las últimas novedades?