Cuando estas páginas vean la luz, habrá concluido la X legislatura de España y
al igual que sucedió con la anterior, no se habrá acometido ninguna reforma de
entidad en el sistema de guarda legal de las personas con discapacidad. Ello
puede obedecer a la complejidad de una tarea que no va acompañada de demasiados
réditos electorales, pero también puede deberse al convencimiento de que el
sistema actual es adecuado, siempre y cuando se interprete conforme a los
postulados de la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas
con Discapacidad de 2006; criterios muy útiles para esta labor interpretativa
siguen siendo los de la decisiva sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril
de 2009, recogidos y enriquecidos en otros pronunciamientos posteriores.
En este contexto se entiende la necesidad de una labor de estudio y reflexión
sobre la dirección hacia la que se encamina nuestro sistema. Esta monografía
efectúa un análisis global de la adaptación del ordenamiento jurídico español a
la Convención. De modo particular, se analiza la compatibilidad con la
Convención de las dos figuras de protección con mayor raigambre histórica y
jurídica en España: tutela y curatela. En dicha tarea, resulta de especial
interés el papel que en esta obra tiene el análisis de la jurisprudencia
reciente, en especial de la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero también de
la jurisprudencia menor, que en muchos casos, arroja interesantes y sugerentes
luces sobre estos problemas.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdo
