Desde la aprobación de la Ley
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, no han cesado
las discusiones doctrinales en torno a algunas cuestiones jurídicas de
considerable calado. La escasa uniformidad jurisprudencial no ha contribuido a
pacificar todas las controversias surgidas, clamándose desde el sector más
crítico por nuevas reformas legales, que vuelven a reivindicarse con el reciente
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Las mayores disputas doctrinales sobre la violencia
machista se han producido en el ámbito penal, particularmente en el período de
instrucción de dichos delitos, donde se desvelan las principales deficiencias
del sistema, especialmente en lo que atañe a la protección de las víctimas
directas.
Así pues, esta trabajo es el resultado de un amplio
estudio sobre los asuntos más relevantes que surgen en la práctica judicial:
cuestiones competenciales, el elemento subjetivo, la dispensa a declarar,
medidas cautelares y sentencias de conformidad, entre otras; todo ello realizado
a través de la investigación, revisión y reflexión jurisprudencial.
La principal conclusión a la que conduce este recorrido
es que el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el maltrato y el
respeto a las reglas del proceso debido es factible, sin necesidad de recurrir a
soluciones extremas o formas estandarizadas de actuación, garantizando el más
absoluto respeto a los derechos procesales de las partes involucradas. Conseguir
ese adecuado contrapeso de los intereses en juego es tarea que corresponde
particularmente al órgano instructor, resultando imprescindible su
especialización y convirtiéndose, la valoración correcta del riesgo, en el eje
fundamental que debe presidir su actuación.
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