IGUALDAD DE TRATO INTEGRAL PARA EL EMPLEO. Coordenadas normativas, jurisprudenciales y de política sociolaboral.

    El compromiso con la igualdad exige conocer las diferentes formas de discriminación existentes en nuestra sociedad, así como analizar sus causas, sus consecuencias y advertir su magnitud real. Todo ello, al objeto de reconocer y poner en valor la diversidad, garantizar la igualdad de trato y de oportunidades y prevenir y eliminar toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

    El Derecho del Trabajo ha influido notablemente en la configuración del concepto de discriminación porque, en esencia, ha sido en los lugares de trabajo donde los fenómenos segregadores se han detectado más fácilmente, teniendo que delimitarse el supuesto calificable como discriminatorio, y donde el Principio de Igualdad ha terminado por convertirse en un principio general de elaboración y aplicación.

    Sin embargo, ni la prohibición de discriminación en el trabajo ha dado lugar a la erradicación de esta práctica, ni la igualdad efectiva en el empleo constituye una realidad tangible en ningún Estado miembro de la UE. Y, a pesar de contar con normas al respecto que datan del momento de su creación y que han experimentado un significativo desarrollo a lo largo de los años, las nuevas formas de discriminación representan hoy un motivo de creciente preocupación.

    Por ello, el objetivo de este estudio es realizar una aproximación teórico-crítica actualizada del fenómeno discriminatorio dentro del Pº de Igualdad integral reconocido ex lege, incidiendo, de manera expresa, en el ámbito del trabajo, deteniéndonos en aquellos colectivos que presentan una especial proclividad a la segregación e identificando las diversas conductas discriminatorias emergentes. En tal contexto, abordaremos el análisis de la morfología y singularidades de esta figura desde el marco de la doctrina científica, la jurisprudencia y la normativa reguladora (interna y multinivel) existente.

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