La figura del Delegado de
Protección de Datos (en inglés, Data Protection Officer, DPO) es una novedad en
muchos Estados miembros de la Unión Europea, en particular, en España, desde el
25 de mayo de 2018, fecha de aplicación efectiva del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).
Se trata de la figura protagonista en el nuevo marco
europeo de la protección de datos, ya que entre las funciones que tiene
encomendadas se encuentra la relativa a la supervisión del cumplimiento de la
normativa sobre protección de datos, que es clave para que quien le ha
designado, ya sea el responsable o el encargado del tratamiento, cumpla con
aquélla y pueda demostrar el cumplimiento.
Ahora bien, la falta de una definición de esta figura
puede plantear dudas tales como si puede ser considerada encargado del
tratamiento, lo que requiere considerar que no es así dado que tiene que
garantizarse su independencia, evitando cualquier conflicto de interés, por
ejemplo con el desempeño de otras funciones tales como las de responsable de
seguridad o de oficial de cumplimiento (en inglés, compliance officer) y
asegurar que tenga una línea de reporte directo con la dirección de la
organización.
En cualquier caso, es necesario que se desarrolle un
estatuto jurídico íntegro de esta figura, a partir del estatuto jurídico básico
que se prevé en la normativa actual, que permita tanto que puedan evitarse dudas
o cuestiones sobre su designación como que sea un instrumento adecuado para
garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la protección de datos.
El autor cuenta con una dilatada experiencia en el
ámbito de la protección de datos personales tanto en Europa como en
Iberoamérica.
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