España inició un Plan de regeneración democrática que tenía como objetivo
aprobar una serie de propuestas que lograran implantar un sistema que impidiese
el avance de la corrupción. Entre las medidas y materias tenía un papel central
un nuevo régimen de los altos cargos que permitiera superar las múltiples
lagunas que se habían detectado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración General del Estado y en su desarrollo reglamentario.
En este escenario se aprueba Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que junto con
el título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información y buen gobierno, conforma buena parte del Estatuto de los mismos.
Esta obra analiza la ordenación legal, estatal y autonómica, de los altos cargos
en España, utilizando como eje vertebrador a la reciente Ley 3/2015. Un régimen
que introduce numerosos avances, como son el requisito de la idoneidad para el
nombramiento, la definición del conflicto de interés, el examen de la situación
patrimonial tras el cese y mejoras como en las Declaraciones de Actividades y de
Derechos y Bienes o en materia sancionadora. Con todo, en muchos aspectos la
nueva ley no ha logrado desprenderse de la normativa anterior, reproduciendo
errores, y puntos oscuros que requieren un ejercicio de reflexión e
interpretación.
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