La crisis económica y financiera que ha afectado a diferentes Estados de la
Unión Europea desde 2008, ha puesto en evidencia las debilidades de una Unión
Económica y Monetaria configurada a partir de la creencia de que la Unión
Monetaria produciría ‘espontáneamente’ un mayor grado de coordinación de las
políticas económicas y presupuestarias entre los Estados que adoptaran la moneda
única. Con el fin de afrontar el riesgo que suponía para la estabilidad de las
economías de la eurozona la crisis de la deuda soberana, entre los años 2010 y
2013, los Estados miembros y las instituciones de la UE se han visto obligados a
adoptar un nuevo marco jurídico cuyo contenido alcanza tanto a la articulación
de mecanismos de asistencia financiera de los Estados miembros como a la
profundización en la coordinación de las políticas económicas y presupuestarias,
especialmente reforzada respecto de los Estados de la eurozona.
Un nuevo marco normativo desarrollado jurídicamente sin llevar a cabo una
reforma en el Derecho originario y respecto del cual, diferentes Tribunales
Constitucionales han establecido límites derivados de sus respectivos
ordenamientos constitucionales, en tanto que, en última instancia, incorpora,
por la vía del ‘nuevo intergubernamentalismo’ y del Derecho derivado,
limitaciones a la soberanía presupuestaria de los Estados nación.
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