Hasta hace poco la relación entre el derecho penal y el derecho
administrativo se ha residenciado en el ius puniendi, en la convergencia de la
represión frente al ilícito penal y la infracción administrativa.
Sin embargo, la dramática proliferación de casos de
corrupción arroja una incidencia del derecho penal en otros institutos
administrativos ajenos a la potestad sancionadora, especialmente en urbanismo,
la contratación administrativa y las ayudas públicas.
Ya de por sí complejas estas materias en el seno de la
relación jurídica administrativa, su análisis desde la perspectiva penal implica
que se califiquen como delitos aquellos actos administrativos considerados
válidos con arreglo a las leyes administrativas. Un ejemplo paradigmático es el
del convenio urbanístico, que lleva ínsita la negociación de un ámbito de
planeamiento, mientras que para el derecho penal puede ser constitutivo de un
delito de negociaciones prohibidas.
La crisis expansiva del derecho penal en la actividad
de la Administración Pública y la incapacidad del derecho administrativo para
abordar determinados ilícitos, obliga a un análisis exhaustivo de ambos
subsectores del ordenamiento, especialmente en cada una de las materias
sensibles donde convergen.
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