DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. Fundamentos éticos y principios configuradores.

    La Declaración Universal de Derechos Humanos recoge dentro de su elenco el derecho de toda persona a la Seguridad Social. Esta institución constituye, por el momento, el instrumento más perfecto de intervención pública de cuantos se han articulado históricamente para combatir la pobreza, propugnando como objetivo fundamental la cobertura de las necesidades básicas del conjunto de la población. Durante el pasado siglo, hemos asistido a la puesta en marcha de los diferentes sistemas de Seguridad Social que han implementado dicho derecho en la mayoría de los países, erigiéndose la institución en pieza clave del Estado social y de la Sociedad del bienestar y pasando a formar parte irrenunciable de la conciencia colectiva. Desde la perspectiva económica, la Seguridad Social representa también una importante y creciente partida del gasto publico, lo que ha requerido de periódicos reajustes para restaurar su equilibrio financiero, traduciéndose habitualmente en reducciones de la protección dispensada.

    Esta cada vez mayor presencia de la racionalidad económica en el ámbito de la institución es la que determina la necesidad de subrayar su profundo -y postergado- significado ético, y tal es la finalidad del presente libro. Desde esta óptica, el derecho a la Seguridad Social se concibe como la máxima expresión de la juridificación del deber moral de solidaridad respecto de la protección de las necesidades básicas, constituyendo un destacado exponente de la justicia social y conllevando la existencia de una serie de principios configuradores de la institución (universalidad subjetiva, integridad objetiva, uniformidad prestacional, solidaridad económica, gestión pública, irregresividad y corresponsabilidad ciudadana) que conforman su núcleo esencial, y cuyas destacadas funcionalidades son las de actuar como directrices para su desarrollo normativo, pero también como elementos limitadores y crítico-valorativos de este, especialmente cuando -como resulta frecuente en este terreno- se acude a justificaciones económicas para adoptar medidas restrictivas de la protección.