DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL CONTRA LA POBREZA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL, EL.

    Durante la pandemia causada por el virus COVID-19 pudo comprobarse cómo actúa la cláusula constitucional del Estado social en una situación excepcional de crisis sanitaria y económica. Para afrontar sus consecuencias, los poderes públicos disponen de las herramientas típicas del Estado social, especialmente las normativas y las prestacionales. Una de ellas fue el ingreso mínimo vital, que se implantó por el Gobierno de la nación con la aprobación de un Decreto-Ley. Norma de urgencia que, por el carácter estructural de la prestación social y su vocación de permanencia, se convierte en ley, la vigente Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

    Una parte de la obra se dedica al estudio de la regulación de esta medida de protección social que la Ley configura como derecho prestacional, el derecho a un mínimo vital. En ella se analizan algunos de los elementos que lo integran, especialmente el cumplimiento de los rigurosos requisitos subjetivos y objetivos establecidos en la Ley para ejercer el derecho. Esta parte va precedida de un examen de los fundamentos constitucionales del derecho a la protección social mediante el ingreso mínimo vital y de la observancia de los principales estándares internacionales fijados por instituciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea.

    Otra parte del libro aporta un estudio detallado del orden constitucional de competencias sobre la materia de garantía de ingresos mínimos en nuestro Estado autonómico. La aprobación por el Estado del ingreso mínimo vital y su extensión a todo el territorio nacional hace necesario un acoplamiento y actualización de la mayoría de las normas autonómicas sobre rentas mínimas de inserción. Este proceso ha generado problemas de compatibilidad entre la prestación estatal y las autonómicas.

    En la obra se analizan meticulosamente algunos de los títulos competenciales del Estado y de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta la interpretación que de ellos ha realizado el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reciente.

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