DEFENSA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL. Especial referencia a los informes periciales de Compliance.

    La derogación del aforismo societas delinquere non potest ha provocado la reformulación de instituciones penales y procesales que parecían inamovibles. En el ámbito procesal, el enjuiciamiento de los entes colectivos genera nuevas incógnitas, hasta la fecha ajenas al ejercicio del ius puniendi: sobresale, principalmente, la necesaria acreditación, por las acusaciones, de la concurrencia del defecto organizativo (el delito corporativo) y, a modo de eximente de culpabilidad, le corresponde a la persona jurídica (affirmative defense), atestiguar la idoneidad y eficacia del modelo de prevención penal instaurado en su seno.

    Constatado lo anterior, este estudio, desde una perspectiva eminentemente práctica, se divide en dos partes: En la primera se tratan las especiales opciones defensivas que asisten a las personas jurídicas. La aprobación e implantación del modelo de compliance penal y, dentro de este, los canales de denuncias (concreciones de la autodefensa corporativa) permitirán a la persona jurídica construir su mejor versión de los hechos para el proceso penal. También la defensa técnica de las personas jurídicas difiere en buena medida de la relativa a las personas físicas. La necesaria existencia de un órgano interno (compliance officer) dedicado al cumplimiento normativo penal de la organización, facilita que la persona jurídica desarrolle su objeto social como si la comisión de un ilícito en su seno fuera solo cuestión de tiempo. Para la evaluación procesal de los criminal compliance program, dada su complejidad intrínseca -están compuestos, en parte, de elementos extraterrestres al derecho penal- tendrán una importancia procesal indudable las conocidas como periciales de compliance (certificación del modelo de prevención penal, conforme a la NORMA UNE 19601; periciales estables, acordadas en el seno del proceso penal incoado; y las periciales corporativas, en relación con los delitos vinculados con bienes jurídicos perfilados en entornos regulatorios complejos): a ellas se dedica la segunda parte de la monografía.

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