CADENA DE CUSTODIA DE LAS PRUEBAS DE ADN, LA.

    En este libro se abordan las carencias legislativas existentes en España sobre el adecuado método de garantía de las pruebas de ADN en el proceso penal, mediante el denominado procedimiento de cadena de custodia de las pruebas. En concreto, se identifican y diferencian
las infracciones o irregularidades de la cadena de custodia de las pruebas de ADN, que provocarían la quiebra de este procedimiento invalidándolas, según afectasen o no a la fiabilidad de la prueba.

   Junto con esta labor de determinación, a continuación, se han abordado cuestiones tan relevantes como las fases que componen la cadena de custodia de las pruebas de ADN, así como los requisitos legales y procesales que deben
tenerse en cuenta para que no se quiebre este procedimiento, respetándose derechos tan fundamentales como la intimidad, la autodeterminación informativa, la integridad física, la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías.
   Como consecuencia de ello, se han establecido unas garantías sobre la mismidad de las pruebas de ADN, evitando errores en el control y garantías del íter seguido en su tratamiento, desde que son localizadas hasta que son entregadas mediante informe a la autoridad judicial y posteriormente depositadas o destruidas, reduciendo así las irregularidades en las técnicas de actuación observadas por la Policía Judicial, Medicina Legal y Laboratorios acreditados y, junto con ello, se han indicado unas recomendaciones procesales para impugnar dichas infracciones.

   En definitiva, el objetivo de esta obra es contribuir al logro de un adecuado procedimiento que garantice los vestigios de ADN mediante la cadena de custodia, de forma lícita y fiable, para lo cual se trasladan al legislador algunas
propuestas sobre una futura regulación específica en esta materia. Asimismo, también este trabajo puede servir de consulta imprescindible para los profesionales implicados en el proceso criminal, y especialmente a los
operadores jurídicos que deban garantizar las pruebas de ADN durante la investigación de los delitos.