Transcurridas siete décadas desde las primeras regulaciones constitucionales de la cooperación al desarrollo, en el contexto de guerras e inseguridad que sufren Europa y África, con sus repercusiones en las alianzas estratégicas (defensa, seguridad alimentaria y energía?) y sus efectos en el ámbito de los menores de edad (refugiados, desplazados, huérfanos...), se impone una revisión de la configuración de la cooperación internacional al desarrollo, tanto a nivel global como a nivel particular de los Estados más afectados por los problemas energéticos, alimentarios y sanitarios.
Se trata de una revisión que viene justificada no solo por las limitaciones operativas y económicas que la cooperación al desarrollo presenta en su configuración actual para cumplir los consensos globales (Agenda 2030 ODS), europeos y estatales, sino por un cambio de circunstancias que convierte a los menores no acompañados (principales víctimas de las guerras y las crisis políticas, sociales, energéticas, medioambientales y alimentarias) en sujetos de prioritaria protección.
Esta insoslayable revisión conceptual de la cooperación al desarrollo debe integrar sus relaciones con las migraciones y adaptarse a la realidad de los distintos niveles de legislación, gobierno y de tutela jurisdiccional que en el momento presente articulan los Estados (central, europeo, autonómico y local) en todo su proceso normativo y ejecutivo: desde la configuración global del régimen de los menores extranjeros no acompañados hasta el procedimiento de ejecución de la tutela y el acogimiento, pasando por la regulación europea y estatal de los derechos e intereses en presencia, conforme a los fundamentos de la "integración al desarrollo" y el constitucionalismo global.
