En este trabajo se analiza la
repercusión que podría tener el asumir una concepción de la pena como obligación
del estado y derecho de las víctimas de violencia colectiva en la que se
producen violaciones de derechos humanos.
Pese a que dicha concepción se ha gestado en determinados
contextos internacionales, no es absoluto descabellado que pueda penetrar en el
ámbito de nuestro derecho interno, concretamente en la regulación de los delitos
de terrorismo (de hecho, algunos aspectos vinculados a la referida concepción de
la pena están ya presentes en la regulación actual de estos delitos).
En cualquier caso, la asunción de esta concepción del castigo
penal podría significar, entre otras cosas, la renuncia a todas aquellas
instituciones jurídicas que permiten u obligan, según los casos, a eximir de
responsabilidad penal o a atenuar la pena por razones ajenas a la gravedad de
los hechos y a la culpabilidad del autor.
Dentro de este ámbito que aquí se identifica en gran medida
con la punibilidad como elemento del concepto analítico del delito, la atención
se centra en el estudio de las atenuantes para los condenados por terrorismo que
colaboran con las autoridades después de haber cometido los hechos. Se procede
al análisis estas medidas y a la actualización del polémico debate que ha
existido siempre entorno a las mismas llevando a cabo, entre otras cosas, un
exhaustivo análisis jurisprudencial y sin perder de vista el terrorismo de corte
yihadista.
El estudio termina con unas propuestas de lege ferenda en
relación con estas denominadas “medidas premiales” tanto en el ámbito sustantivo
como en el de la ejecución penitenciaria.
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.Estoy de acuerdo
