RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE ACCIDENTE LABORAL EN EL PROCESO PENAL, LA.

    Cuando se habla de los accidentes de trabajo en la
jurisdicción penal la primera reflexión de los penalistas se centra, como no
podía ser de otra forma, en la indagación sobre la concurrencia de los
requisitos para la aplicación de los tipos penales indicados para las conductas
responsables. Sin embargo, en nuestro proceso penal se ha optado, históricamente,
por el peculiar sistema de ejercicio conjunto de la acción civil y la acción
penal. Dada la importancia que ello supone para el resarcimiento de las víctimas
y perjudicados, en el presente estudio se abordan los requisitos para el
ejercicio y la renuncia a dicha acción, así como los sujetos responsables (incluidas
las aseguradoras), siempre con referencia a los procesos penales derivados de
accidentes de trabajo.

    En un momento en que la reciente Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, establece claramente la
competencia de esta jurisdicción para el conocimiento de las reclamaciones
civiles derivadas de accidentes de trabajo, y acaba con la pugna que mantenía
con la jurisdicción civil, los autores del trabajo se inclinan decididamente por
seguir la doctrina de la Sala IV en cuanto a la compatibilidad limitada de las
distintas prestaciones, la de la Seguridad Social y la de responsabilidad civil
adicional.

    Asimismo, se inclinan por la aplicación analógica del
conocido como baremo de tráfico (RDLeg. 8/2004, de 29 de noviembre), para la
cuantificación de las indemnizaciones, haciendo especial hincapié en las
distintas partidas que contemplan las tablas del citado baremo, y razonando
sobre cuáles de ellas y en qué cuantía resultan compensables con las
prestaciones de la Seguridad Social.