La prueba penal de ADN se ha valorado por los Tribunales desde 1985.
Inicialmente, en Inglaterra, primer país que la consideró decisiva en el asunto
Queen vs. Pitchfork;
con posterioridad, por nuestros Tribunales. En 1992, la Sala Segunda del
Tribunal Supremo español se pronuncia por primera vez sobre la misma.
Esta prueba no sólo debe considerarse un paradigma de las pruebas científicas,
sino también como paradigma de las pruebas penales respetuosas con los derechos
fundamentales. Permite la progresiva erradicación de métodos de investigación
anclados en sistemas inquisitivos, ya históricamente superados, pero que
perviven de una manera u otra, como el uso ilegal, expreso o implícito, de la
tortura con objeto de obtener la confesión del reo. Puede ser calificada de
prueba neutra, ya que posibilita tanto la absolución como la condena del
investigado. De forma que su perfil no es netamente incriminatorio, como lo
demuestran los casos de revisión de condenas que han prosperado en base a esta
prueba.
Conocer críticamente cómo ha interpretado la Sala Segunda del Tribunal Supremo
desde el año 1992 hasta nuestros días esta prueba, con sus vaivenes y a través
de una jurisprudencia perfectible e inacabada, resulta esencial para cualquier
penalista. Y vital para la efectiva protección de los derechos tanto de los
investigados como de las víctimas.
En esta obra, por primera vez en la literatura jurídica española, se ofrece al
lector un instrumento práctico y útil para este conocimiento jurisprudencial, no
exento de reflexiones teóricas para comprenderla adecuadamente, siendo su autor
fiscal del Tribunal Supremo y primer vocal coordinador del grupo
jurídico-bioético de la Comisión Nacional del Uso Forense del ADN constituida en
el año 2009.
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