PRUEBA DE ADN E INTERVENCIONES CORPORALES EN LA INVESTIGACIÓN PENAL, LA. (IBD)

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    La obra plantea la eficacia probatoria de la prueba de ADN. Partiendo de la delimitación y distinción entre intervenciones corporales e inspecciones y registros corporales, se diferencian los supuestos en los que la recogida de muestras de ADN se realiza en el lugar del crimen de aquéllos otros en los que se obtiene de muestras voluntariamente abandonadas por el sospechoso, así como también de los casos en los que se adquiere la muestra por intervención en el cuerpo del investigado o sospechoso del delito, pudiendo realizarse con su consentimiento –supuesto éste en el que se analiza la necesidad de asistencia letrada–, o en defecto de consentimiento, por resolución judicial motivada que lo autorice. En los casos en los que falta el consentimiento, se plantea el problema de la negativa a la ejecución coactiva de una medida de intervención corporal, así como las consecuencias que de ello se derivan.

    Como premisa previa, la realización de una intervención corporal no puede afectar a la dignidad de la persona, ni a su salud, ni suponer un trato inhumano o degradante. Así, entre los derechos fundamentales afectados se encuentra el derecho a la integridad física y moral; a la intimidad, a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. La afectación de estos derechos requiere no solo la legalidad de la injerencia, sino también que tenga un fin legítimo y que se adopte mediante resolución judicial motivada, en la que se fundamente la concurrencia de los requisitos de idoneidad y proporcionalidad de la medida, so pena de inconstitucionalidad. Se analiza la jurisprudencia existente en esta materia. También se tratan las consecuencias de la valoración de una prueba ilícitamente obtenida por vulneración de los derechos fundamentales.

    Por último, se hace mención a la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, así como a la posible colisión del almacenamiento de datos con el derecho a la autodeterminación informativa, y a la necesidad de disponer de laboratorios acreditados.

 

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