PROCESO DE EJECUCIÓN FORZOSA EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Comentarios, jurisprudencia y formularios generales al Libro III («De la ejecución forzosa») de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (Libro + E-book)

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    La obra contiene unos pormenorizados comentarios, así como una selección de jurisprudencia, amplia y sistematizada, de los preceptos que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil dedica a la regulación del proceso de ejecución forzosa (artículos 517 a 720), que se analizan desde una perspectiva eminentemente práctica, dirigida a los profesionales del Derecho, a quienes también se ofrecen los formularios de las principales actuaciones de parte.

    Como es sabido, la potestad jurisdiccional no sólo consiste en juzgar, sino también en ejecutar lo juzgado; y consciente de esta doble dimensión legal y constitucional de la ejecución forzosa en materia civil, no sólo se analizan en la obra los diferentes principios y trámites que conforman la ejecución civil, sino que también se expone la doctrina constitucional sobre el alcance y efectos del derecho fundamental a la ejecución en sus propios términos. Se trata, pues, de una obra que ambiciona analizar con exhaustividad la totalidad del proceso de ejecución civil, tanto la ejecución dineraria como la no dineraria, y desde los inicios del proceso (con el examen de los distintos títulos ejecutivos, de la demanda ejecutiva y del despacho de ejecución) y su desarrollo (con el análisis de las modalidades de oposición del ejecutado, del embargo de sus bienes o del régimen del procedimiento de apremio), hasta su terminación (con la completa satisfacción de la pretensión del ejecutante). En esta nueva edición se incorporan todas las múltiples modificaciones habidas en los últimos meses y, en particular, las introducidas por las Leyes 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia (que introduce la nueva subasta electrónica), 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, o por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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