PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y RÉGIMEN JURÍDICO. Iniciación y ordenación del procedimiento administrativo. Instrucción y terminación del procedimiento. Procedimientos administrativos de revisión y recursos. Procedimientos de ejecución.
- Sinopsis
- Índice
En esta obra, heredera de la dedicada a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (LRJ-PAC), con una segunda edición que la adaptó a la reforma operada por Ley 17/2009, tratamos de analizar el «Procedimiento administrativo común» y el «Régimen Jurídico» de la Administración, atendiendo ahora a las dos leyes por las que la materia ha pasado a regirse: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Vaya por delante que la división entre estas leyes, que recuerda a la distinción entre la LRJAE de 1957 y la LPA de 1958, no nos parece adecuada, pero es la que hay y, en conjunto, forman el sistema básico de Derecho administrativo en España. Por si fuera poca esta división, las nuevas leyes dejan en vigor, de forma separada, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTG).
Así, tras una introducción, sobre el procedimiento administrativo, su regulación y principios, trataremos la iniciación y ordenación del procedimiento administrativo, título en el que cabe encuadrar no sólo lo que la LPAC rubrica de este modo sino también cuestiones conexas como los órganos administrativos y sus competencias, los interesados, la lengua de los procedimientos, los registros administrativos y los medios técnicos y copias.
A continuación, se aborda la instrucción del procedimiento. Una vez más, no se trata únicamente de lo que la ley así denomina. También los derechos, la colaboración y la comparecencia de los ciudadanos.
Con la terminación del procedimiento, podemos apuntar también la conclusión del mismo mediante convenio, la obligación de resolver y el régimen del silencio, la producción y contenido de los actos administrativos, su motivación y forma, y, finalmente, la notificación o publicación de los mismos.
Posteriormente, procede estudiar la eficacia de los actos y, a tal efecto, los procedimientos de ejecución. Sin ejecución, el acto sería una mera declaración de intenciones. Por eso, es absolutamente necesario conocer cómo se ejecutan los actos de la Administración.
Debemos luego detenernos en el régimen de validez, o invalidez, de los actos administrativos y, como corolario, los procedimientos administrativos de revisión de oficio y los recursos administrativos, para poner de manifiesto tal invalidez.
Pasamos ya a los procedimientos especiales, atendiendo al procedimiento sancionador y la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Una perspectiva
práctica inspira esta obra, que incluye formularios y casos prácticos. Por
supuesto, todos los formularios y casos han sido creados para fines didácticos,
de forma que la referencia a personas, entidades o situaciones es puramente
ficticia y cualquier coincidencia será casual.
I
INTRODUCCIÓN
1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA.
2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RÉGIMEN: NATURALEZA Y FINES.
3. REGULACIÓN LEGAL: COMPETENCIAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY REGULADORA
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
5. EL PROCEDIMIENTO GENERAL Y LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.
II
INICIACIÓN Y ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
1. INICIACIÓN.
1.1. Clases y modo de iniciación.
1.1.1. Iniciación de oficio.
1.1.2. Iniciación a solicitud del interesado. Concepto de interesado.
1.2. Contenido del escrito de iniciación.
1.3. Forma y lugar de presentación de las solicitudes de iniciación. Registros.
El registro electrónico.
1.4. Referencia a la lengua del procedimiento.
1.5. Efectos de la iniciación.
1.5.1. Efectos generales.
1.5.2. En particular, las medidas provisionales.
2. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
2.1. Normas generales de la LPAC sobre ordenación del procedimiento.
2.2. Referencia a términos y plazos.
3. FORMULARIOS.
3.1. Iniciación de oficio.
3.2. Solicitud de iniciación.
3.3. Resolución por la que se tiene por iniciado el procedimiento.
3.4. Solicitud de ampliación de plazo.
3.5. Solicitud de medidas provisionales.
4. CASOS PRÁCTICOS.
III
INSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. ACTOS DE INSTRUCCIÓN.
1.1. Concepto y carácter de oficio.
1.2. Regulación.
1.3. El uso de medios electrónicos.
2. PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS Y PÚBLICO EN GENERAL.
2.1. Actuación de los interesados y otras personas.
2.2. Alegaciones.
2.3. Trámite de audiencia.
2.4. Información pública.
3. PRUEBA.
3.1. Objeto y carga de la prueba.
3.2. Medios y período de prueba.
3.3. Práctica de prueba.
4. INFORMES.
4.1. Petición. Informes preceptivos y facultativos.
4.2. Evacuación. Informes vinculantes o no vinculantes.
4.3. Informes de otras Administraciones Públicas.
5. TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA Y DE URGENCIA.
5.1. Tramitación Simplificada.
5.2. Tramitación de urgencia.
6. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: LA RESOLUCIÓN.
6.1. Terminación del procedimiento: causas.
6.2. Propuesta de resolución y actuaciones complementarias.
6.3. Obligación de resolver.
6.4. Forma y contenido.
6.5. Motivación.
6.6. Notificaciones.
7. SILENCIO ADMINISTRATIVO.
7.1. Concepto, regulación y naturaleza.
7.2. Regla general y excepciones en los procedimientos a solicitud de interesado.
7.3. Procedimientos de oficio.
7.4. Información y Prueba.
7.5. El silencio y el recurso contencioso-administrativo.
8. TERMINACIÓN CONVENCIONAL.
9. DESISTIMIENTO Y RENUNCIA.
9.1. Supuestos.
9.2. Medios y efectos.
10. CADUCIDAD.
10.1 Supuestos.
10.2. Caducidad y prescripción.
11. FORMULARIOS.
11.1. Escrito de alegaciones iniciales.
11.2. Escrito de alegaciones en trámite de audiencia.
11.3. Alegaciones en trámite de información pública.
11.4. Informe.
11.5. Resolución sobre prueba.
11.6. Propuesta de resolución.
11.7. Resolución definitiva.
11.8. Mutuo acuerdo.
11.9. Desistimiento.
10.10. Declaración de caducidad.
11. CASOS PRÁCTICOS.
IV
LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. INTRODUCCIÓN.
2. LA ILEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
3. LA NULIDAD DE PLENO DERECHO.
3.1. «Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional».
3.2. «Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio».
3.3. «Los que tengan un contenido imposible».
3.4. «Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como
consecuencia de ésta».
3.5. «Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para
la formación de la voluntad de los órganos colegiados».
3.6. «Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los
que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición».
3.7. «Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango
legal».
4. LA INVALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
4.1. Ilegalidad de su contenido.
4.2. Defectos de tramitación.
5. LA ANULABILIDAD.
5.1. Los defectos de forma como causa de anulabilidad.
5.2. Actos dictados con desviación de poder.
5.3. Actuaciones realizadas fuera del plazo establecido.
6. LA TRANSMISIBILIDAD DE LA INEFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
7. LA CONVERSIÓN DE LOS ACTOS VICIADOS.
7.1. La conservación de actos y trámites.
7.2. La convalidación de los actos inválidos.
8. FORMULARIOS.
8.1. Solicitud de revisión de oficio.
8.2. Caducidad del procedimiento de revisión.
8.3. Contestación a la demanda por la que se recurre la inadmisión de una
petición de revisión de oficio.
9. CASOS PRÁCTICOS.
V
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REVISIÓN Y RECURSOS
1. INTRODUCCIÓN.
2. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE REVISIÓN.
2.1. Introducción.
2.2. La revisión de actos y disposiciones nulos.
2.3. La declaración de lesividad de actos anulables.
2.4. La suspensión de los actos objeto de revisión.
2.5. La revocación de actos administrativos.
2.6. La rectificación de errores materiales o de hecho.
2.7. Los límites a las facultades de revisión: el artículo 110 LPAC.
2.8. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos
nulos y anulables en la Administración General del Estado.
3. RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
3.1. Introducción.
3.2. Clases de recursos; características generales y principios comunes.
3.3. Requisitos formales.
3.4. La suspensión del acto impugnado.
3.5. La audiencia a los interesados.
3.6. La resolución.
3.7. Especialidades del recurso de alzada.
3.8. Especialidades del recurso de reposición.
3.9. Especialidades del recurso de revisión.
4. FORMULARIOS.
4.1. Solicitud de declaración de nulidad de actos administrativos.
4.2. Escrito de interposición de recurso de reposición.
4.3. Escrito de interposición de recurso de alzada.
5. CASOS PRÁCTICOS.
5.1. Casos prácticos sobre revisión de oficio.
5.2. Casos prácticos sobre recursos administrativos.
VI
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
1. LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR ÉSTA MISMA.
1.1. La ejecución forzosa de los actos de la Administración por ésta misma como
regla general en nuestro Derecho: ejecutividad y ejecutoriedad.
1.2. Eficacia y ejecución inmediatas.
1.3. Obligatoriedad de la ejecución.
1.4. Distinción con otros supuestos: coacción administrativa y ejecución de
sentencias.
2. REQUISITOS.
2.1. El título ejecutivo: actos administrativos ejecutables.
2.2. Notificación del acto que se ejecuta y de la resolución que autoriza la
ejecución.
2.3. Incumplimiento y apercibimiento.
3. LIMITACIONES A LA POTESTAD EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN.
3.1. Excepciones a la ejecutividad inmediata de los actos administrativos.
3.2. Excepciones a la ejecución directa por la Administración.
3.3. Entrada en domicilios.
3.4. El problema de la ejecución contra una Administración.
4. MEDIOS DE EJECUCIÓN.
4.1. Medios de ejecución: su elección.
4.2. Procedimiento de apremio.
4.3. Ejecución subsidiaria.
4.4. Multas coercitivas.
4.5. Compulsión sobre las personas: el desahucio administrativo.
5. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL.
5.1. Sobre la posibilidad de impugnar los actos de ejecución.
5.2. Reclamación de la ejecución de actos firmes.
5.3. La vía de hecho y la tutela judicial frente a la misma.
6. FORMULARIOS.
6.1. Apercibimiento con aviso de multa coercitiva.
6.2. Providencia de apremio.
6.3. Recurso de reposición contra la providencia de apremio.
6.4. Resolución del recurso contra la providencia de apremio.
6.5. Solicitud a la Administración para que ejecute un acto firme.
6.6. Solicitud a la Administración para que no ejecute un acto impugnado y cuya
suspensión se ha solicitado en vía judicial.
6.7. Solicitud de entrada en domicilio.
7. CASO PRÁCTICO.
7.1. Antecedentes.
7.2. Cuestiones que se plantean.
VII
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
1. INTRODUCCIÓN.
2. GARANTÍAS PROCESALES.
2.1. Garantía de procedimiento: Carácter necesario del procedimiento.
2.2. Garantía de imparcialidad del órgano instructor: Separación de la función
instructora y de la función sancionadora.
2.3. Garantía de preservación del objeto y finalidad del procedimiento: las
medidas cautelares.
2.4. Garantía de motivación de la resolución sancionadora.
3. GARANTÍAS DEL PRESUNTO RESPONSABLE.
3.1. Derecho a la presunción de inocencia.
3.2. Derecho a intervenir en el procedimiento con conocimiento de la imputación
y con empleo de medios de prueba.
3.3. Otros derechos.
4. TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR: ESPECIALIDADES.
4.1. Fase de iniciación.
4.2. Fase de instrucción.
4.3. Fase de resolución.
4.4. Caducidad del procedimiento.
4.5. Efectos de la resolución: ejecución, impugnación y suspensión de la
resolución sancionadora.
5. LA SANCIÓN.
5.1. Criterios de determinación de las sanciones.
5.2. Extinción de las sanciones: la prescripción y otras causas de extinción.
6. FORMULARIOS.
6.1. Acta de infracción levantada por el Servicio de Control de Juegos de Azar.
6.2. Acta de precinto.
6.3. Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador y notificación al
interesado.
6.4. Escrito de alegaciones al acuerdo de iniciación del procedimiento
sancionador, formulado por el interesado.
6.5. Acuerdo del instructor del procedimiento sancionador por el que se rechazan
las pruebas propuestas por el interesado y notificación del mismo.
6.6. Trámite de audiencia y propuesta de resolución. Notificación al interesado.
6.7. Resolución y notificación.
7. CASOS PRÁCTICOS.
VIII
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN
1. INTRODUCCIÓN.
2. REGULACIÓN LEGAL.
3 REQUISITOS.
3.1. Consideración general.
3.2. El daño: Requisitos.
3.3. La relación de causalidad.
3.4. Los supuestos de responsabilidad concurrente de las Administraciones
Públicas.
3.5. Las causas de exoneración de la responsabilidad.
3.6. Prescripción.
4. LA INDEMNIZACIÓN.
5. LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL: EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO.
5.1. Normativa aplicable.
5.2. Inicio.
5.3. Órgano competente para iniciar e instruir los procedimientos.
5.4. Tramitación e instrucción.
5.5. Prueba.
5.6. Informes.
5.7. Audiencia.
5.8. Dictamen del órgano consultivo.
5.9. Órganos competentes para resolver los procedimientos.
5.10. Resolución.
5.11. Otras formas de terminación del procedimiento: La terminación
convencional.
6. EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO.
7. LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR RELACIONES DE DERECHO PRIVADO.
8. LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS Y
CONCESIONARIOS.
9. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ACTOS COMETIDOS POR LAS
AUTORIDADES O FUNCIONARIOS.
9.1. Consideración general.
9.2. La exigencia de la responsabilidad directamente a la Administración.
9.3. La responsabilidad penal de las autoridades y funcionarios.
10. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR.
10.1. Consideración general.
10.2. Las normas de naturaleza expropiatoria de derechos.
10.3. La responsabilidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad de
una norma.
10.4. La responsabilidad derivada de daños causados en la aplicación de una
norma, susceptibles de ser compensados.
10. 5. La responsabilidad por la contradicción entre la norma estatal y el
Derecho comunitario.
11. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
11.1. Consideración general.
11.2. El funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: el supuesto
especial de las dilaciones indebidas.
11.3. El error judicial: La declaración de reconocimiento de error judicial.
11.4. El supuesto de error derivado de la prisión preventiva.
11.5. La exigencia de responsabilidad patrimonial.
11.6. La prescripción.
11.7. Los supuestos de exención de responsabilidad.
11.8. La responsabilidad por los daños causados por los Jueces y magistrados por
dolo o culpa grave.
12. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
13. EL ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
14. FORMULARIOS.
14.1. Reclamación de responsabilidad patrimonial.
14.2. Escrito de propuesta de acuerdo convencional presentado por el perjudicado.
14.3. Escrito de aceptación de la propuesta de acuerdo convencional formulada
por la Administración.
14.4. Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra la
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
14.5. Escrito de demanda jurisdiccional de responsabilidad patrimonial.
15. CASOS PRÁCTICOS.
BIBLIOGRAFÍA