PRINCIPIOS DE DERECHO CIVIL. Tomo I.- Introducción y derecho de la persona.

    Edición revisada y actualizada conforme a las siguientes novedades jurisprudenciales: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Sentencia de 11 de junio de 2026, en un caso de internamiento forzoso de una embarazada para dar a luz a su hijo, acoge favorablemente el razonamiento del Tribunal Constitucional español (STC de 2 de junio de 2022), considerando que, pese a la ausencia de una previsión legal específica de internamiento obligatorio para el parto, el artículo 29 CC, entre otros preceptos, ofrece cobertura suficiente para justificar este internamiento.

    La STS 3.ª 690/2026, de 3 de junio (del Pleno) ha reconocido legitimación para recurrir la concesión de la eutanasia, no solo al Ministerio Fiscal, sino también a personas que muestren un vínculo familiar y una proximidad afectiva estrecha entre el recurrente y el solicitante de la prestación, en cuanto que ostentan un interés legítimo propio especialmente cualificado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado reiteradamente que las autoridades nacionales deben reconocer el cambio registral de género efectuado en otro Estado miembro de la Unión Europea, pues lo contrario sería opuesto a la libre circulación de los ciudadanos europeos reconocido en el Derecho de la Unión. Así, las SSTJUE de 4 de octubre de 2024 (Mirin, as. C-4/23) y 12 de marzo de 2026 (Shipov, as. C-43/24)

    También el Tribunal de Justicia de la Unión, en STJUE, de 4 de junio de 2026 (asunto C-560/24), priva de la nacionalidad, por adquisición fraudulenta, a un nacional de un tercer país que reside en Irlanda como estudiante y que contrae matrimonio, considerado de conveniencia, con una ciudadana de la Unión Europea.

    La STS de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 393/2026, de 23 de marzo, ha concretado que los animales no gozan de derechos fundamentales, y en particular el derecho a la integridad física y moral.

    Por último, se refleja la STS 244/2026, de 17 de febrero, según la cual no será admisible que el apoderado aproveche un poder general para autodonarse un conjunto de bienes sin consentimiento

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