La realidad social evidencia que la ocupación de bienes
inmuebles, lejos de ser un fenómeno aislado y tendente a la eliminación, se ha
multiplicado exponencialmente en los últimos años, ocasionando perjuicios a los
titulares de los inmuebles ocupados y al resto de ciudadanos por los problemas
de convivencia que generan en su entorno social (ruidos, suciedad, enganches
ilegales de suministros, tráfico de sustancias estupefacientes…).
La tipificación de esta
conducta antisocial (actualmente degradada a delito leve por un error del
legislador) fue reintroducida como delito en el artículo 245.2 del Código Penal
de 1995 para tutelar la propiedad inmobiliaria, frente a los ataques
subrepticios, clandestinos o realizados con fuerza en las cosas. A pesar de la
existencia de una oposición por diversos operadores jurídicos a la aplicación de
este precepto legal, una gran permisividad institucional a favor de las
ocupaciones, diversos intentos parlamentarios de derogación, e interpretaciones
del precepto penal que suponen una derogación de facto del mismo,
la tutela penal es compatible con los principios propios del Derecho Penal
(principios de intervención mínima, de carácter fragmentario, subsidiario, y de ultima
ratio), pues, no sólo se protege el patrimonio inmobiliario, sino también
el orden público y la seguridad del tráfico.
La obra se dedica a la
búsqueda, con apoyo de Doctrina y Jurisprudencia, de una interpretación del
precepto penal que no lo vacíe de contenido, así como al análisis de la
distinción entre okupas, ocupas, e inmobiliarias ocupas; concluyendo con
diversas propuestas de reforma del Ordenamiento jurídico.
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