OBLIGACIÓN DE RESOLVER, SILENCIO ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR INACTIVIDAD. Una perspectiva de comparación entre el Derecho español y mexicano.

    La obligación de resolver y notificar los procedimientos administrativos dentro de un plazo máximo constituye una importante garantía de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones públicas. En determinadas ocasiones, las Administraciones se han refugiado, cómodamente, en el silencio administrativo, empujando al ciudadano a la vía de las impugnaciones y de los recursos o bien a una situación en la que teóricamente se reconoce su solicitud, pero que puede generar incertezas e inseguridad jurídica al ciudadano, que carece de una resolución expresa a la que acogerse.

    A través de una exposición rigurosa y sistemática, desde la perspectiva del derecho comparado, este libro pone de manifiesto las diversas problemáticas que puede suscitar la aplicación del silencio administrativo, en especial el positivo, en las relaciones entre ciudadanos y Administraciones públicas. La tensión entre los principios de legalidad y seguridad jurídica que puede provocar la inactividad en el procedimiento muestra, con toda su crudeza, la necesidad de establecer mecanismos que permitan una relación entre ciudadanos y Administraciones basada en la confianza legítima y, al mismo tiempo, en la adecuada preservación de los intereses generales.

    Asimismo, la posible producción de daños provocados por la inactividad de la Administración plantea la necesidad de un estudio desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas. En este aspecto, se pone de relieve el análisis sistemático de los criterios jurisprudenciales sobre los efectos de la inactividad procedimental. Su repercusión, tanto en los estándares de actuación administrativa como en las consecuencias que han podido venir soportando indebidamente los ciudadanos (ante las cargas que representa el incumplimiento de resolver el procedimiento administrativo en un plazo debido y razonable) justifica la conveniencia de este trabajo para abogados, empleados o servidores públicos.

    A la luz de este estudio, el lector encontrará argumentos sólidos y útiles que, además de examinar críticamente las posiciones tradicionales, contribuyan a repensar los modelos actuales, insistiendo en la conveniencia de revalorizar la obligación de resolver el procedimiento, las garantías que éste comporta y la exigencia de una respuesta debida por parte de las Administraciones públicas.

    La obra se estructura en dos partes, la primera desarrollada bajo el rótulo «El silencio administrativo y la obligación de resolver el procedimiento administrativo», y la segunda, intitulada «La garantía patrimonial del ciudadano frente a la inactividad procedimental de la administración», precedidas ambas de una introducción que incluye una útil nota sobre la metodología empleada, y complementadas con un aparato documental.