La mediación extrajudicial, que
puede tener lugar por la sola voluntad de quienes se acercan a ella o venir
forzada por medidas establecidas en normas procesales (por ejemplo, imponiéndola
como condición necesaria para poder demandar, o condenando en costas a quien no
la haya procurado o, habiéndolo hecho, haya rechazado una propuesta
posteriormente acordada en sentencia), es considerada por nuestro legislador
como un mecanismo idóneo para desjudicializar determinados conflictos y para
paliar el problema de la grave saturación de asuntos que soportan nuestros
tribunales. Y quizá pueda serlo, pero, desde luego, no es ese su principal
propósito.
Su primer objetivo es que los
sujetos jurídicos puedan gestionar por sí mismos, cuando menos, algunos aspectos
de las diferencias que les separen, dar una oportunidad a la avenencia o
solución dialogada de las disputas, o, si se prefiere, a la amigable composición
de las controversias, se consiga o no algún resultado. Visto así, podría
pensarse que la mediación es una actividad absolutamente ajena al derecho. Y no
es cierto. En modo alguno. Pues es preciso conocer -y no de cualquier manera,
sino con el preciso detalle- qué soluciones ofrece nuestra normativa cuando no
se respetan las reglas establecidas en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles, cuál es el verdadero significado de las mismas y cuál es
la interpretación que de ellas hacen nuestros tribunales.
Mediación extrajudicial y derecho no son, por tanto,
realidades antagónicas. Al contrario. Pueden y deben complementarse. Como la
mediación -a secas, sin etiquetas- y el proceso civil, cuya estrecha relación se
pone de manifiesto en esta obra.
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