LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 9/2017, LA. Sus principales novedades, los problemas interpretativos y las posibles soluciones.

.auto-style3 { font-size: x-small; } .auto-style4 { font-family: Verdana; font-size: x-small; } .auto-style5 { font-family: Verdana; font-size: x-small; margin-top: 15px; margin-bottom: 1px; }

    La materia de contratación pública se ha convertido en una de las materias claves desde una perspectiva dogmática (directamente relacionada con las señas de identidad del Derecho administrativo) y la gestión práctica en tanto afecta a la correcta eficacia de importantes políticas públicas y tiene un claro impacto desde la perspectiva presupuestaria (o, si se prefiere, de sostenibilidad financiera). Esto explica que la contratación pública -y su fundamento- ha cambiado de forma muy notable en los últimos años.

    De una visión burocrática de la compra pública, diseñada desde una perspectiva hacendística y con escasa prospectiva se ha evolucionado hacia la idea la contratación pública como “herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas”. Cumplido ya un año de la entrada en vigor de la LCSP parecía oportuno reflexionar sobre los, a mi juicio, aspectos más novedosos y de mayor problemática interpretativa, intentando aportar soluciones o pautas para una mejor aplicación práctica.

    Con este trabajo se pretende dar cuenta de las principales novedades y sus consecuencias prácticas, con la finalidad de favorecer una transición “no ruidosa” hacia esta nueva gobernanza de la contratación pública.

 

---