La materia de contratación pública
se ha convertido en una de las materias claves desde una perspectiva dogmática
(directamente relacionada con las señas de identidad del Derecho administrativo)
y la gestión práctica en tanto afecta a la correcta eficacia de importantes
políticas públicas y tiene un claro impacto desde la perspectiva presupuestaria
(o, si se prefiere, de sostenibilidad financiera). Esto explica que la
contratación pública -y su fundamento- ha cambiado de forma muy notable en los
últimos años.
De una visión burocrática de la compra pública, diseñada
desde una perspectiva hacendística y con escasa prospectiva se ha evolucionado
hacia la idea la contratación pública como “herramienta jurídica al servicio de
los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas
públicas”. Cumplido ya un año de la entrada en vigor de la LCSP parecía oportuno
reflexionar sobre los, a mi juicio, aspectos más novedosos y de mayor
problemática interpretativa, intentando aportar soluciones o pautas para una
mejor aplicación práctica.
Con este trabajo se pretende dar cuenta de las principales
novedades y sus consecuencias prácticas, con la finalidad de favorecer una
transición “no ruidosa” hacia esta nueva gobernanza de la contratación pública.
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