JURISDICCIÓN UNIVERSAL SOBRE CRÍMENES INTERNACIONALES. Su aplicación en España.
Autor:
HELLMAN, J.
Editorial:
Comares
Páginas:
262
Edición:
1
Fecha de publicación:
20/06/2013
ISBN:
9788490450628
20,00€19,00€
Entrega en 48/72 horas
Sinopsis
Índice
En los últimos años ha
aumentado sensiblemente el compromiso de la comunidad internacional a favor de
la primacía de los derechos humanos fundamentales. La constitución y el
funcionamiento de la Corte Penal Internacional es un signo inequívoco de este
compromiso de los Estados en la persecución y sanción de crueles ilícitos,
aunque sus carencias muestran que la lucha supranacional si bien es relevante,
es también insuficiente, requiriendo así la actuación —nada desdeñable— de los
jueces nacionales con el propósito de no dar cuartel a la impunidad. Ello nos
conduce, irremisiblemente, al principio de jurisdicción universal, el cual se
erige como una útil herramienta para los jueces nacionales que pretenden dar
castigo a los más graves crímenes que con tanta frecuencia asuelan la humanidad.
A mi modo de ver, el principio
de justicia universal es una «pequeña llave» apta para abrir las jurisdicciones
nacionales al conocimiento de crímenes internacionales, lo que sería, a gran
escala, el sustituto de un eficaz tribunal supranacional capaz de llevar la
justicia a cada rincón del planeta. De esta manera, si el poder judicial
doméstico de todos los Estados permitiera juzgar acciones perpetradas más allá
de sus fronteras y al margen de la nacionalidad de los sujetos involucrados en
un grave hecho delictivo, no sería tan sencillo para los responsables cometer
crímenes, ya que sus acciones serían, antes o después, castigadas. En este
contexto, el principio de universalidad resulta plenamente operativo. Adviértase
que la particularidad del mismo estriba en que no requiere vínculo de conexión
alguno con el Estado que pretende poner fin a trágicos hechos. La importancia de
éste es, pues, incuestionable.
No deja de ser penoso que la
inmensa mayoría de los grandes sátrapas de la historia no hayan pasado por el
«amargo trago» de un proceso justo en el que poner sobre la mesa la verdad de
sus miserables conductas. Consecuentemente, la semilla de mi investigación y de
la elaboración de la presente tesis doctoral es denunciar, mediante un análisis
exhaustivo, la importancia del principio de justicia universal entendido como un
válido instrumento jurídico que habilita a los jueces nacionales a perseguir los
crímenes más execrables.
En este orden de ideas, el
presente trabajo hará particular referencia al ejercicio del citado principio en
el ámbito de la práctica judicial española, lo que nos trasladará al artículo
23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida en que es esta
disposición legal la que otorga competencia a nuestros tribunales para que
conozcan y juzguen actos delictivos graves cometidos por españoles y/o por
extranjeros fuera del territorio nacional. En definitiva, me centraré en el
citado artículo, ya que a través del mismo los jueces de la Audiencia Nacional
se han arrogado la competencia para investigar y enjuiciar delitos que afectan
al conjunto de la humanidad.
Así las cosas, no quedará otro
remedio que examinar la desafortunada Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la LOPJ. Haré
especial hincapié en la redacción del actual artículo 23.4 y concluiré que, de
alguna manera, éste «edulcora» los términos del principio de jurisdicción
universal contemplado, tradicionalmente, en el ordenamiento jurídico español,
puesto que las nuevas condiciones que incorpora hacen que su aplicación no
dependa ya de la gravedad de los ilícitos en sí, sino del cumplimiento de
requerimientos adicionales; unos requerimientos tan ambiguos como
desmoralizadores, máxime si se toma en consideración que la nueva Ley fue
aprobada como consecuencia de las fuertes presiones ejercidas por Estados
poderosos que, temiendo una posible aplicación extraterritorial de la Ley Penal
española, idearon todo tipo de estrategias para convencer al ejecutivo español
en lo apropiado de una regulación benévola y condescendiente para los grandes
criminales. De alguna manera, la reciente actuación del gobierno español se
puede resumir en una memorable frase del humorista Groucho Marx: «Estos son mis
principios. Si a usted no le gustan, tengo otros».
Los pasos del presente trabajo
de investigación han ido de la génesis del Derecho Internacional hasta la
revisión concienzuda de cada uno de los procesos judiciales ventilados en España
en los que se ha invocado al principio de universalidad. A través de la
dialéctica de la historia, podemos llegar a entender cómo las presiones
internacionales y los conflictos diplomáticos han hecho las veces de cortapisa a
la actuación de nuestros jueces. El objetivo final del trabajo, en plena
marejada aparecida ante el reciente cambio sufrido por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, es trazar un análisis claro de la situación a la que queda abocada la
justicia española en relación con crímenes especialmente graves —otrora
importante bastión en la lucha contra este tipo de ilícitos— y en qué situación
quedan los procesos abiertos y pendientes de resolución cuando se produjo la
«brusca» aparición de la citada enmienda legislativa.
I
CAPÍTULO PRIMERO
PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.
I. BREVES CONSIDERACIONES EN TORNO
AL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.
II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y SU REGULACIÓN POR EL DERECHO
INTERNACIONAL.
2.1. Los
orígenes del principio de jurisdicción universal: la piratería como
supuesto clásico.
2.2. Las
consecuencias normativas de la Segunda Guerra Mundial.
a. La primera expresión del principio
de jurisdicción universal con la consti-
tución del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg.
b. Los efectos de los Convenios de
Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicio-
nales de 1977.
c. La peculiaridad del principio de
jurisdicción universal en los convenios
surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.
III. RASGOS ESENCIALES, ALCANCE Y
LÍMITES DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL.
3.1. La
aceptación convencional y doctrinal del principio de jurisdicción universal
3.2. El
principio aut dedere aut iudicare.
3.3. El
principio ne bis in idem y el carácter subsidiario del principio de
jurisdicción universal.
3.4.
¿Existencia de una jurisdicción universal pura o in absentia?
IV. BREVES APUNTES ACERCA DEL
PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA.
CAPÍTULO SEGUNDO
LOS CRÍMENES DEL DERECHO INTERNACIONAL COMO
OBJETO MATERIAL DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL
I. El principio de jurisdicción
universal como paradigma de la persecución de delitos especialmente odiosos y
atentatorios contra la humanidad y/o comunidad internacional.
II. Las peculiaridades de los
crímenes sujetos al Derecho Internacional.
2.1. El
genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y
el crimen de agresión, constituyen la base aplicativa del principio de juris-
dicción universal.
a. El genocidio.
b. Crímenes contra la humanidad.
c. Crímenes de guerra.
d. Crimen de agresión.
2.2. Otros
delitos graves que han llevado a la adopción de medidas estatales
represivas.
a. Tortura.
b. Desaparición forzosa de personas.
c. Ejecuciones extrajudiciales.
d. Terrorismo internacional.
III. LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LOS
CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL: ARTÍCULO 607 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO PENAL
ESPAÑOL.
3.1. Delito de
genocidio (artículo 607).
3.2.. Los
delitos de lesa humanidad(artículo 607 bis).
3.3. Crímenes
de guerra(artículo 609)
CAPÍTULO TERCERO
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE JURISDICCIÓN
UNIVERSAL EN LA PRÁCTICA JUDICIAL ESPAÑOLA.
I. Sucintas apreciaciones en torno
a la nueva y vieja regulación española en materia de jurisdicción universal.
1.1. Contenido
y alcance normativo del viejo artículo 23.4 de la LOPJ
II. JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN LA
APLICACIÓN DEL PRECEPTO LEGAL 23.4 DE LA LOPJ
2.1. La
primigenia invocación del principio de jurisdicción universal.
a. Auto de la Audiencia Nacional de 4
de noviembre de 1998 por el que se
considera competente la justicia española para perseguir delitos de
genocidio, torturas y terrorismo cometidos en Argentina.
b. Auto de la Audiencia Nacional de 5
de noviembre de 1998 por el que se
considera competente la justicia española para perseguir delitos de
genocidio, torturas y terrorismo cometidos en Chile.
2.2. Vaivenes
jurisprudenciales del principio de jurisdicción universal.
i. El asunto Guatemala.
a. Auto de la
Audiencia Nacional de 13 de diciembre de 2000.
b. Sentencia
del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003.
c. Sentencia
del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2005.
ii. El asunto Cavallo.
2.3.
Consagración del principio de jurisdicción universal: Scilingo.
i. Sentencia de la Audiencia Nacional
de 19 de abril de 2005.
ii. Sentencia del Tribunal Supremo de
1 de octubre de 2007
2.4. Otros
procesos relevantes.
i. Aplicación del principio de
universalidad en sentido estricto.
a. Tíbet y
Falun Gong.
b.
Investigación por genocidio y delitos de lesa humanidad ocurridos
en Lhasa (2008).
c. Bombardeo
en Gaza.
d. Los graves
delitos perpetrados por las autoridades marroquíes en el
Sáhara Occidental.
ii. Aplicación no estricta del
principio de universalidad (procesos con
conexiones relevantes con España).
a. Genocidio
en Ruanda.
b. La muerte
en Irak del periodista español José Couso.
c. Los vuelos
de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y Guantánamo.
d. Las
víctimas españolas del Holocausto nazi.
e. Los graves
crímenes de Guatemala.
f. Los
crímenes de El Salvador en 1989
CAPÍTULO CUARTO
LA REFORMA DEL ARTÍCULO 23.4 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
I. Dos hitos importantes en la
configuración del actual artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
1.1. La Ley
Orgánica 18/2003 de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
1.2. La Ley
Orgánica 1/2009: su tramitación parlamentaria y los motivos de
su aprobación.
II. MÁS SOMBRAS QUE LUCES EN EL
ACTUAL ARTÍCULO 23.4 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.
2.1. El
repliegue del principio de jurisdicción universal en nuestro ordenamiento
jurídico.
2.2. Las
acibaradas vicisitudes de la vigente regulación contenida en la LOPJ
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