El debate sobre la
independencia de los jueces está presente en la vida pública desde que en 1985
se atribuyó a las Cortes la designación de todos los vocales del Consejo General
del Poder Judicial. Aunque se reconoció la constitucionalidad de ese cambio,
desde entonces se escucha que la Justicia está politizada porque esa designación
parlamentaria contamina políticamente al órgano de gobierno del Poder Judicial y
por extensión a todo él. Se ha llegado a denunciar ante la ONU la falta de
independencia judicial en España. Además, se ha extendido en la carrera judicial
la idea de que el Consejo no se preocupa de las condiciones en que trabajan los
jueces, no les defiende cuando se les ataca ni premia a quienes más se esfuerzan
y está más atento a las indicaciones de los órganos políticos o de los medios
que a sus justas demandas. Esa amplia insatisfacción se ha manifestado en
huelgas de jueces y en su apoyo a iniciativas dirigidas a reivindicar su
independencia.
En este contexto se explica que se haya propuesto
suprimir el Consejo y encomendar sus funciones a otro órgano o volver a la
elección por los jueces de los doce vocales judiciales. A pesar de ese panorama,
la independencia de los jueces españoles es una realidad. Por tanto, la cuestión
no es su independencia, sino la imagen del Consejo. Recuperarla es esencial para
que cumpla fielmente su cometido constitucional.
Las Cortes Generales —que representan al pueblo español
del que emana la justicia— tienen plena legitimidad para elegir a todos los
vocales. Pero deben hacerlo despejando toda apariencia de partidismo. Para ello
basta con que sigan los criterios que ofrece la Constitución. De la condición de
jueces que han de tener doce de los vocales y de la reconocida competencia como
juristas de los otros ocho se desprende otro requisito más: la búsqueda de la
excelencia y no de los partidarios. Y la exigencia añadida de una mayoría
parlamentaria de tres quintos implica que el amplio acuerdo querido por el
constituyente ha de recaer sobre esas cualidades de los candidatos y no sobre
consideraciones de otra naturaleza.
Los problemas del Consejo no se solucionan
dividiéndolo mediante normas legales de constitucionalidad dudosa en dos
órganos, ni distinguiendo dos clases de vocales, sino eligiendo bien a sus
componentes. Sólo entonces será posible crear las condiciones para que logre y
conserve la autoridad imprescindible para el cumplimiento de su función
constitucional de garantizar la independencia de los jueces. Por otra parte,
el descontento de los jueces obedece en buena medida a las carencias de medios y
a una planta judicial insuficiente que inciden negativamente en sus condiciones
de trabajo. Son necesarias inversiones importantes, sobre las que el Consejo no
tiene capacidad de decisión, para dotar adecuadamente a juzgados y tribunales
así como para contar con un número de plazas judiciales acorde a la media
europea.
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