IGUALDAD. Retos para el siglo XXI.

     Los cambios normativos experimentados por el sistema jurídico español en materia de igualdad no pueden ser analizados al margen de los compromisos contraídos por nuestro país a nivel internacional y europeo. Unos compromisos que han sido furto del esfuerzo social y político realizado por las mujeres y los movimientos sociales para avanzar en la promoción de la igualdad.

    Es en el marco de esta lucha social donde cobra sentido el nuevo derecho antidiscriminatorio del que forma parte la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH); al tiempo que el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres se ha convertido en un eje clave en la agenda política de los Estados.

    España ratificó en 1981 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; que le impone la obligación de luchar contra la discriminación por razón de sexo y producir cambios normativos, jurisprudenciales y culturales, en todos y en cada uno de los contextos sociales. Europa se sumó a estas exigencias cuando impuso a los Estados miembros compromisos firmes en la implantación de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Una obligación que demanda la erradicación de todos aquellos obstáculos que dificulten la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la promoción de la co-responsabilidad familiar de mujeres y hombres y la eliminación de los estereotipos y prejuicios que justifican o legitiman la discriminación contra las mujeres.

    A todos estos retos hay que sumar la necesidad de acomodar las instituciones y las estructuras sociales de los Estados a los desafíos que imponen la globalización económica y el modelo económico que el Tratado de Lisboa pretende imponer.