DESPOBLACIÓN RURAL Y ENVEJECIMIENTO: POLÍTICAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES.

    La despoblación de las zonas rurales va más allá del abandono de pequeños pueblos, pues también afecta a nivel medioambiental y en la calidad de vida de las personas. No son pocos los gobiernos estatales que están preocupados por la despoblación de sus núcleos rurales y el continuo éxodo que se está produciendo a entornos urbanos de grandes dimensiones.

    De acuerdo con un informe de Julius Baer, en la actualidad, la población rural en todo el mundo es del 47%, aunque las previsiones apuntan que en el año 2050 ese porcentaje habrá disminuido hasta el 30%. Esto se traducirá en que unos 6.700 millones de personas tendrán sus hogares en ciudades cada vez más pobladas.

    No obstante, la situación en algunas zonas ya es más extrema. Por ejemplo, en Europa actualmente solo el 25% de sus habitantes residen en zonas rurales, mientras que en Norteamérica la cifra desciende al 17%. Estas cifras tienen una serie de consecuencias negativas que se apuntarán a continuación y es por ello que la propia ONU recoge la problemática en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (concretamente el ODS 11), ya que expone que debe haber un equilibrio entre los entornos urbanos y los rurales, pues solo de ese modo se conseguirá una mayor sostenibilidad en todos ellos.

    Atendiendo a estas recomendaciones/peticiones, se deberá llevar a cabo un concienzudo trabajo para detener la continua (y por el momento irremediable) despoblación rural. Y no solo se deberá centrar en los municipios donde habita muy poca gente y que están abocados a desaparecer, sino que también habrá que hacerlo con otros pueblos de mayores dimensiones o con ciudades de menor tamaño que estén alejadas de las grandes urbes, ya que este tipo de poblaciones también está perdiendo habitantes.

    Un buen ejemplo de ello se puede observar en España, país en el que los municipios que tienen menos de 1.000 habitantes han experimentado el éxodo de unos 142.000 vecinos en las últimas dos décadas. Tanto es así que si en el año 2000 congregaban a un 4% de la población, en 2018 ese porcentaje había disminuido hasta el 3,1%.

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