DESAFÍOS ÉTICOS, JURÍDICOS Y TECNOLÓGICOS DEL AVANCE DIGITAL.

    El avance digital está permitiendo impulsar productos y servicios personalizados, baratos y duraderos en sectores esenciales, tales como la economía verde y circular, la maquinaria, la agricultura, la salud, la moda, el turismo, etc. También facilita el acceso a la información, educación y formación, y está llamado a disponer de un papel protagonista en la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo y la modernización de las Administraciones públicas. Sin embargo, el fenómeno tecnológico genera numerosas dudas entre los usuarios, investigadores, especialistas, autoridades y la propia industria encargada de su desarrollo. En singular, estas preocupaciones se centran en lo que concierne a los aspectos relativos al cumplimiento normativo, el respeto de los derechos y libertades fundamentales de los interesados (privacidad, igualdad y no discriminación, dignidad, etc.) o la seguridad jurídica de todos los intervinientes en aquellos procesos en los que la innovación digital se erige como componente primordial; cuestiones esenciales que, ante la inacción de los poderes públicos, pueden terminar constituyendo un importante freno para el correcto desarrollo tecnológico.

    Con la finalidad de disipar los interrogantes que envuelven el prodigioso avance de las nuevas tecnologías, en especial la IA, es urgente que el poder público ofrezca una respuesta decidida, tendente al establecimiento de un sólido marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos individuales y colectivos, con el propósito de garantizar la inclusión y el bienestar social del conjunto de la ciudadanía. Esta apremiante cuestión exige una minuciosa labor jurídica orientada no solamente a la articulación de garantías que permitan salvaguardar la plena vigencia y efectividad del elenco de derechos fundamentales ya reconocidos, sino tam­bién la identificación de reformas legales necesarias, así como de las lagunas normativas que requieran una regulación adicional para otorgar seguridad jurídica, elemento indispensable para el fomento de la innovación digital.