La prevaricación de funcionario
público constituye uno de los delitos más arraigados en la historia de nuestra
legislación penal y guarda una evidente relación con buena parte de los
fenómenos de corrupción pública, en la medida en que el objetivo perseguido por
quien soborna a la autoridad o funcionario público suele ser la emisión de una
resolución arbitraria en un asunto administrativo, lo que provoca graves
distorsiones en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, que dejan de
ser imparciales para convertirse en el instrumento injustamente favorecedor de
unos pocos.
Pero los comportamientos
prevaricadores pueden obedecer a una diversidad de motivos que no necesariamente
son económicos, pues los lazos de amistad o enemistad, las simpatías o
antipatías personales, las militancias políticas, las convicciones ideológicas,
las creencias religiosas, o simplemente los prejuicios, también pueden hacer que
el servidor público pierda, consciente o inconscientemente, su objetividad a la
hora de decidir en un asunto de su competencia. Estos otros motivos suscitan
especial interés en relación con la prevaricación judicial, ámbito cuya conexión
directa con fenómenos de enriquecimiento ilícito resulta mucho menos evidente,
al menos en los procesos penales seguidos por este delito que han culminado en
sentencia condenatoria en nuestro país.
Este trabajo ofrece una imagen global
de la regulación penal actual para hacer frente a esta clase de fenómenos: los
delitos de prevaricación (especialmente los contenidos en los artículos 404 y
446 del Código Penal), cuya aplicación se ve condicionada no solo por las
recientes reformas legales producidas en otros ámbitos (como el administrativo o
el procesal), sino también y muy especialmente por la interpretación que de
dichos preceptos está realizando la Jurisprudencia penal de los últimos años.
1. Cuestiones introductorias
I. Prevaricación, corrupción y desviación de poder
II. Los delitos de prevaricación en el ordenamiento penal español
1. Evolución histórica
2. Configuración en el CP95
3. Los delitos de prevaricación en la actualidad: algunos
datos
2. Prevaricación administrativa
I. Bien jurídico protegido
II. Sujeto activo
III. Conducta típica
1. Dictar una “resolución... en un asunto administrativo”
1.1. El verbo nuclear “dictar” y la
problemática relacionada con la comisión
por omisión
A. La
obligación legal de resolver
B. El nuevo
régimen del silencio administrativo
C. La
prevaricación administrativa en comisión por omisión en la Juris-
prudencia
1.2. Concepto de resolución
1.3. En un “asunto administrativo”
2. Naturaleza “arbitraria” de la resolución
3. Tipo subjetivo: “a sabiendas de su injusticia”
IV. Autoría y participación
V. Iter criminis
VI. Concursos
VII. Cuestiones procesales
VIII. Breve referencia a las denominadas
prevaricaciones específicas
1. Sujetos activos
2. Conductas típicas
2.1. Informar favorablemente
instrumentos administrativos
2.2. Silenciar la infracción de
normas
2.3. Omitir la realización de
inspecciones obligatorias
2.4. Resolver o votar a favor de la
concesión de licencias manifiestamente
ilegales
3. Elemento subjetivo
3.
Prevaricación judicial
I. Bien jurídico protegido
II. Sujeto activo
1. Órganos colegiados
2. Tribunal del Jurado
3. El Ministerio Fiscal
4. La Policía Judicial
III. Prevaricación dolosa
1. Conducta típica
1.1. Elementos comunes: dictar una
sentencia o resolución injusta
A. El verbo
nuclear: dictar
B. El objeto
material: la sentencia o resolución
C. Supuestos
problemáticos
a. Los actos de jurisdicción voluntaria
b. Los Acuerdos de Pleno no jurisdiccional
D. Naturaleza
injusta de la resolución
a. Teorías objetiva, subjetiva y mixta
b. ¿Qué teoría sigue el Tribunal Supremo?
1.2. Modalidades de conducta
A. En causa
criminal por delito grave o menos grave
B. En proceso
por delito leve
C. Cualquier
otra sentencia o resolución injustas
2. Tipo subjetivo: “a sabiendas”
3. Iter criminis
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