La necesaria reforma de la
Justicia penal en España se ha visto influenciada, en los últimos años, por el
aumento de las causas judiciales relacionadas con la corrupción y las tramas
organizadas de delincuencia empresarial. De ahí que, entre los actuales temas de
debate sobre qué reformas legales acometer para mejorar la eficacia de nuestro
sistema judicial, se plantee la conveniencia de instaurar incentivos premiales
para promover la colaboración con la Justicia por parte de todos aquellos
sujetos que puedan aportar información eficaz y relevante para la investigación
criminal.
Esta monografía lleva a cabo un estudio de las diversas
medidas premiales (materiales y procesales) con las que convencer a los
distintos delatores que pueden intervenir en el proceso penal (denunciantes
anónimos, confidentes, testigos protegidos, whistleblowers y arrepentidos) para
que colaboren con las autoridades. Y para ello, efectúa una investigación no
solo del Derecho español, sino también de las soluciones ofrecidas en el Derecho
supranacional y comunitario, y en otros sistemas de Derecho comparado.
Junto con el examen de la parte más conocida de esa
Justicia premial con la que recompensar la «colaboración eficaz» con la Justicia
–las excusas absolutorias y atenuantes del Derecho Penal–, en este libro se
analizan muchas otras herramientas ya utilizadas en nuestro sistema judicial (v.
gr., la admisibilidad de la denuncia anónima, la protección de la identidad del
testigo y del confidente policial, la validez de la declaración del coimputado o
la incorporación de canales internos de denuncia –whistleblowing– en el ámbito
empresarial), así como otras que previsiblemente se incorporarán, como la
posibilidad de no ejercitar la acusación ante la colaboración eficaz del
investigado.
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