CRÉDITO PÚBLICO TRIBUTARIO EN EL CONCURSO DE ACREEDORES, EL: ESPECIALIDADES FRENTE AL CRÉDITO PRIVADO.

    Este trabajo tiene por objeto el estudio de la situación que ostenta el crédito público tributario dentro de un proceso concursal. Creemos que el interés del tema es doble, por una parte el gran protagonismo de la Hacienda Pública en los concursos de acreedores en los que participa como acreedora, que actualmente son muchos, por no decir todos, y por otra parte por el profundo cambio operado en nuestro ordenamiento jurídico a raíz de la promulgación de la Ley Concursal 22/2003, y sus sucesivas reformas, el gran cambio que ha operado en la misma la posición de la Hacienda Pública con respecto a la anterior y arcaica legislación concursal en nuestro país.

    Tradicionalmente la Hacienda Pública ha disfrutado de un privilegio material casi absoluto, en el sentido de considerar la totalidad de su crédito como un privilegio con respecto al resto de acreedores privados, esta situación podía explicarse históricamente por una debilidad de las finanzas estatales, una menar carga impositiva a los ciudadanos y a las empresas, y un menor control sobre las rentas o transacciones comerciales, en aras a la mejor consecución del interés público. Era impensable a principios del siglo XX los controles informáticos actuales sobre todo este tipo de operaciones.

    Hoy en día se pone en duda por muchos autores que el Estado esté necesitado de una tutela semejante, y por dichos autores e incluso en otros países se propugna su desaparición. Fruta de estas reflexiones es el nuevo tratamiento del privilegio del crédito público en la nueva Ley Concursal, por ejemplo considerando solo el 50% como privilegio general y el otro 50% como crédito ordinario, y considerando como subordinado el crédito por intereses, recargos y sanciones, es lo que se ha venido a llamar la poda de privilegios de la Hacienda Pública.