Si los órganos
judiciales españoles apreciasen que las leyes, tanto las estatales como las
autonómicas, fuesen contrarias a algún tratado internacional y dejaran de
aplicarlas en el caso, estarían efectuando control difuso de convencionalidad.
Esta posibilidad se ha
materializado en algunas pocas ocasiones, aunque lo habitual es que los
tribunales apelen al artículo 10.2 de la Constitución para hacer una
interpretación de las normas internas conforme a los tratados sobre derechos
ratificados por España. Es sabido que ningún órgano judicial español puede dejar
de aplicar una norma con valor de ley postconstitucional cuando la considera
contraria a la Constitución, porque el Tribunal Constitucional ostenta el
monopolio de su control de constitucionalidad.
En contraste, esos mismos
tribunales pueden dejar de aplicar la ley nacional para aplicar normas de la
Unión Europea. La tesis de la obra que el lector tiene en las manos es que del
control de convencionalidad fuerte, el que no se limitara a la armonización de
la norma interna con la internacional, debería ocuparse el Tribunal
Constitucional.
