La nueva Ley de Contratos del Sector Público contiene una
amplia reordenación de la organización administrativa de apoyo al servicio de la
contratación pública: desde la reconfiguración de las competencias de la Junta
Consultiva de Contratación Pública y del Comité de Cooperación en materia de
contratación pública, hasta la creación de la Oficina Independiente de
Regulación y Supervisión de la Contratación, con la inclusión en la misma de la
Oficina Nacional de Evaluación, y la necesidad, final, de aprobación de la
Estrategia Nacional de Contratación Pública.
Existen en la nueva norma una serie de novedades
significativas en materia de adjudicación, sin duda, la primera, la referida al
procedimiento simplificado general y específico, que constituyen elementos
centrales para la credibilidad del sistema. Asociar la garantía de la
contratación a la existencia de más trámites y más informes tiene el elemento
adicional o contradictorio de propiciar un efecto de alargamiento de los
trámites y de demora en el cumplimiento de los objetivos que se tratan de
conseguir con la provisión de bienes y servicios.
Un sistema de control, evaluación, asesoramiento y
demás elementos cuya funcionalidad está por comprobar, pero que, ciertamente,
demuestran el deseo del legislador de no repetir algunos de los problemas
pretéritos, sino de configurar un marco de contratación estable, predecible y
sin «aventuras», que ciertamente dote a este instrumento de la tranquilidad de
la que ha carecido en los últimos tiempos.
Y en ese afán se mueve la obra: dotar al profesional
de elementos que le permitan un conocimiento detallado de cuantas modificaciones
instaura la Ley a fin de conseguir una correcta aplicación del novedoso marco
regulatorio.
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