COMENTARIOS A LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Adaptado a la Ley 34/2010, de 5 de agosto.

    Este libro pretende aportar una visión clara de lo que implica la contratación pública en el ordenamiento jurídico-administrativo español y en el espacio común europeo. Dada la doble experiencia profesional del autor, primero como gestor de expedientes de contratación, y en la actualidad como fiscalizador de los mismos, aborda la presente obra con espíritu crítico, ante los múltiples problemas que la contratación pública plantea en todos los niveles administrativos y de gestión.

    En un momento de profunda crisis económica en el que el Derecho de la Contratación Pública ha sufrido profundas modificaciones normativas como consecuencia de la trasposición de las Directivas europeas (fundamentalmente las Directivas 2004/18/CE y 2007/66/CE), se hace si cabe más evidente la oportunidad de la presente obra, en la que el autor comenta —artículo por artículo y con una perspectiva eminentemente práctica— el texto de la Ley de Contratos del Sector Público sin olvidar las necesarias referencias a la legislación anterior y haciendo especial hincapié en las abundantes novedades producidas por el legislador en la última década. En concreto, se tratan las modificaciones operadas en la Ley de Contratos del Sector Público, desde su promulgación, por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo; por la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España; por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; y, finalmente, por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, la que precisamente ha supuesto la reforma de mayor calado en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

    Los comentarios no se circunscriben únicamente al Derecho contractual público, sino que tangencialmente inciden en otras materias —necesariamente conectadas— como las relacionadas con los ámbitos propios del Derecho administrativo local, presupuestario y contable. Todo ello, manteniendo siempre en el horizonte la discutida cuestión de si la Ley satisface o no las exigencias comunitarias en materia de objetividad, publicidad y concurrencia.