Con este código, cuyo precedente lo
conforma la edición de 2008 bajo el título de Código de Contratación de Obra
Pública, se pretende, básicamente, centralizar en los contratos de obras
públicas y aquellos referidos a la concesión de este tipo de obras la
legislación específica que a los mismos compete.
No se trata, en puridad, de una mera reedición o revisión de
aquel primer código, sino que se enfatiza sobre el compendio de normas recogido
en torno a la regulación vigente de tales contratos, con la correspondiente
actualización de leyes, reales decretos, decretos, órdenes y recomendaciones. Se
parte, para ello, de los preceptos respectivos de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014. Asimismo,
relacionamos otra serie de normas que, de un modo u otro, afectan a los
contratos y concesión de obras públicas. En particular, en relación a esta
última clase de contratos, además de la legislación contenida en el Capítulo II
del Título II del Libro II, artículos 247 a 283, ambos inclusive, de la mentada
Ley de Contratos del Sector Público, reproducimos algunas disposiciones todavía
vigentes de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión
de obras públicas. A la espera de contar con un nuevo reglamento general del
sector, nos hacemos eco igualmente del todavía vigente Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, concretamente en lo referido a
aquellos artículos y anexos que afectan o se refieren a los contratos y
concesión de obras públicas.
Aparte de estas tres normas básicas, otras que podríamos
denominar complementarias encuentran igualmente aquí cabida, como por ejemplo:
en cuanto a revisión de precios, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española, y su Real Decreto de desarrollo 55/2017, de 3 de
febrero; o, sobre morosidad, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
así como los artículos 2 y 4, junto con otras disposiciones, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio, de modificación de aquella.
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