AUTOINCRIMINACIÓN EN EL DERECHO PENAL TRIBUTARIO, LA. (Ed. B de F, Argentina)

    Normalmente las causas penales tributarias se inician con la denuncia ante la justicia federal, por parte del organismo fiscalizador AFIP DGI, quien luego de una investigación, llega a la determinación que el contribuyente ha evadido impuestos por montos que superan los indicados en la norma penal. Es así que lo que se inicia como una inspección, podríamos decir casi de rutina, o como una determinación de oficio del monto que debe tributar el contribuyente, termina con una denuncia penal, y que en muchas veces puede llegar a la privación de libertad de quien es considerado autor del delito de evasión.

    El problema que surge de estos procedimientos es el siguiente, y no menor sino todo lo contrario, es que los inspectores al momento de iniciar las inspecciones que lo hacen en virtud de sus facultades previstas en la Ley 11.683, requieren documental que el contribuyente aporta en forma voluntaria, sin ser advertido de que esa documental puede ser luego utilizada como prueba para denunciar el delito de evasión tributaria, violando de esta forma el principio constitucional de “no autoincriminación”, con la agravante de que esa documentación, en más de una ocasión, es la única prueba aportada en contra del imputado.