APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO A LA HACIENDA PÚBLICA. (Colección: «Claves Prácticas»)

    La crisis financiera que ha vivido España en los últimos años ha puesto de manifiesto el importante papel que ha tenido la Hacienda Pública en general y la Administración tributaria en particular, en aliviar la pesada carga que ha supuesto el pago de las deudas por parte de los ciudadanos, tanto personas físicas, como especialmente las empresas.

    De acuerdo con la Memoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del año 2006 (un año en que todavía no se podía hablar de crisis financiera) se presentaron en el conjunto de la Agencia a nivel nacional un total de 473.600 solicitudes de aplazamiento por un importe total de deuda de 4.975 millones de euros. A partir del año 2009, la evolución de estas cifras ha sido la siguiente (según las diferentes Memorias publicadas por la AEAT en su página web):

Número de solicitudes     Importe solicitado (millones €)

2009     1.124.958,00                     15.096,00

2010     1.408.509,00                     13.904,00

2011     1.639.388,00                     16.025,00

2012     1.942.219,00                     17.595,27

2013     2.067.725,00                     16.354,37

2014     1.703.523,00                     11.764,94

    Por tanto, la figura del aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas de naturaleza pública ha sido de utilización recurrente por un número muy importante de sujetos pasivos en los últimos años.

    A ello ha tenido que hacer frente la Administración tributaria de acuerdo con una normativa recaudatoria general que establece un procedimiento determinado, con una normativa particular que incide en determinadas figuras impositivas, con una normativa concursal que ha sido objeto de múltiples modificaciones durante esos mismos años, con unos criterios de actuación específicos en las distintas administraciones territoriales, y con la necesidad de llevar a cabo análisis financieros y de viabilidad económica siempre complejos de realizar y con una información contable no siempre actualizada ni completa. Además, en el ámbito de las garantías siempre ha jugado un papel importante la normativa civil, particularmente la registral, y mercantil.